2017 12 12 judicial

Participaron más de 300 personas entre ponentes, jueces, líderes comunales y ronderos.

Ayacucho es la tierra que encierra en sí la fastuosidad de sus costumbres ancestrales que la lleva a organizar anualmente una de las más bellas celebraciones por Semana Santa en el mundo, al lado de Sevilla; el legado de sus antiguos pobladores manifestados en las construcciones urbanísticas de la cultura Wari, que por los demás fue el primer imperio de la historia en el hemisferio sur, aún antes de los incas; y el suelo que vio nacer a ilustres, destacados, notables y sobresalientes peruanos como Huamán Poma de Ayala, María Parado de Bellido y Andrés Avelino Cáceres, que hicieron historia y contribuyeron con sus obras a determinar el devenir de nuestra nación.

El primero de ellos, como sabemos, contribuyó al mejor conocimiento de los abusos cometidos por los conquistadores y sus descendientes en el Perú recientemente colonizado; la segunda heroína, contribuidora de la causa libertadora del general José de San Martín; y, el último de los nombrados, director de un ejército que ante las adversidades presentadas en la Guerra del Pacífico, nos dio esperanzas de gloria con su triple victoria en las batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción, quien, a su vez, fuera también futuro Presidente de la República y Mariscal del Perú.

Los días 14, 15 y 16 de diciembre, la ciudad de Ayacucho albergó el VIII Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural a fin de que, entre otros puntos, se establezca un espacio de diálogo entre autoridades judiciales y representantes de la jurisdicción indígena a efectos de determinar el ámbito de competencias de cada jurisdicción y, asimismo, revalorar la labor jurídica llevada a cabo por la justicia comunal como expresión cultural y del pluralismo jurídico reconocido implícitamente en el artículo 149° de nuestra Ley Fundamental.

El Perú es una nación multicultural. A diferencia de otros estados, el nuestro es uno solo pero a su vez concentra un crisol de culturas con sus propias costumbres y organización. Esta multiculturalidad también se expresa en la proliferación de ordenamientos jurídicos basados principalmente en usos y costumbres antes que en normas escritas; esto es, en comportamientos que “han alcanzado un uso generalizado y conciencia de obligatoriedad” (STC N° 02765-2014-PA7TC FJ 48).

Por expresa disposición del artículo 89°, el Estado peruano reconoce y respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas. Implícitamente, entonces, el Estado reconoce la afluencia de ordenamientos jurídicos distintos al emanado por él. Esta afirmación se ve complementada con la disposición supranacional contenida en el numeral 1) del artículo 9° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que impone a los Estados el deber de respetar los métodos a los que los pueblos recurren tradicionalmente para reprimir las conductas antisociales que sus miembros cometen.

No obstante esta obligación estatal, la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y nativas también se encuentra delimitada por los cauces constitucionales; en ese sentido, el límite de su imperio termina en el respeto de los derechos fundamentales como expresión de la dignidad del ser humano. De este modo, la jurisdicción indígena “debe ser ejercida de forma que no viole los derechos fundamentales de la persona, esto es, coloca a estos últimos como un punto central de obligada referencia” (STC N° 02765-2014-PA7TC FJ 55).

Como señalamos líneas arriba, el encuentro tuvo como uno de sus puntos centrales de agenda coordinar las competencias que les corresponde a cada aparato jurisdiccional. Este tema cobra particular realce si atendemos a que el día de la inauguración del Congreso el Presidente del Poder Judicial demandó al Congreso de la República a efectos de que éste debate el proyecto de ley que busca delimitar las competencias entre la justicia indígena y los órganos judiciales, así como la coordinación que debe existir entre ambos para el ejercicio oportuno de sus labores. Por lo demás, este pedido se encuentra sustentado en la última disposición constitucional del artículo 149° de la Carta Magna que prevé la necesaria emisión de una ley que establezca la coordinación entre la jurisdicción indígena y el Poder Judicial.

Al margen de que este proyecto aún no es aprobado, estamos seguros que el VIII Congreso ha sido fructífero en tanto creó un ambiente donde Poder Judicial y jurisdicción comunal se reconocen entre sí sus propias competencias y la delimitación de cuando un castigo va más allá del ejercicio legítimo de la potestad jurisdiccional que derivaría en la contravención de derechos fundamentales.

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