El Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho, conocido como Sithra, fue creado hace más de 50 años desde el antiguo hospital que funcionaba en la avenida Independencia y agrupa sólo a los trabajadores nombrados.
En la nueva sede, hace un año se creó el Sindicato Unificado de Trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho (Suthra), en protesta por la designación de la exdirectora de esta institución María Márquez Calvo, que por cierto había denunciado numerosas irregularidades y casos de corrupción que involucraba a varios trabajadores y que ahora se han comprobado con la intervención de la Contraloría General de la República.
Este nuevo sindicato, agrupa también a los trabajadores contratados quienes han mostrado su preocupación y decepción con este gremio que los habría utilizado para su creación por un grupo de trabajadores que encabezan el Suthra.
“Prácticamente hemos sido utilizados por estos dirigentes que ahora sólo buscan sus intereses personales; no han abogado por nosotros que vivimos en constante preocupación, varios de nuestros compañeros han sido despedidos y la mayoría no hemos recibido los bonos por covid que nos correspondía. Ahora ellos, está preocupados por la bolsa de víveres que tampoco nos darán”, señalaron quienes se contactaron con nosotros y comprobamos que son trabajadores del hospital.
Por otro lado, indicaron “Uno de los dirigentes del Suthra es representante de los trabajadores administrativos involucrados en los actos de corrupción que se vienen denunciando desde hace varios meses; los otros dirigentes también están comprendidos en las denuncias de la Contraloría por cobros indebidos. Y todas las denuncias al parecer les ha disgustado que ahora están pidiendo la remoción del director Mario Pérez, a quien ellos mismos propusieron”.
Precisamente, hasta el momento ninguno de los dos sindicatos de trabajadores se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos de corrupción denunciados por la Contraloría General de la República, institución llamada a Supervisamos y verificamos la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado, que ahora pueden conllevar a las sanciones y denuncias penales.
