De esta manera, los fiscalizadores vienen inspeccionando si las organizaciones políticas cometen transgresiones sobre la materia, tales como efectuar propaganda en lugares prohibidos como calzadas y muros de predios públicos.
Asimismo, en bienes que constituyen Patrimonio Cultural de la Nación y en postes de alumbrado público, este último caso se encuentra previsto en el Código Nacional de Electricidad y Suministro.
Los inspectores de las municipalidades correspondientes que acompañan los operativos proceden a retirar dicha propaganda indebida, en vista de que son los gobiernos locales los competentes para ejecutar la medida, pues regulan mediante ordenanza la ubicación de anuncios.
Por tanto, los concejos distritales o provinciales también se encuentran facultados para imponer las sanciones administrativas que tengan lugar, como la aplicación de multas pecuniarias.
Vale recordar que la Defensoría advirtió que algunos candidatos no cumplían con estas normativas.
