De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Urgencia 006-2023, se autorizó el otorgamiento de manera excepcional y por única vez de esta cantidad por cada persona fallecida y de 25 mil soles por cada herido de gravedad.
Según estípula norma, los beneficiarios de este apoyo económico serán los deudos de personas fallecidas, así como las personas heridas de gravedad, tanto civiles como policías, durante las movilizaciones ocurridas entre el 8 de diciembre del 2022 y 10 de febrero del 2023.
DEUDOS. Al respecto, la presidente de la Asociación de Fallecidos y Heridos de la Masacre del 15 de diciembre, Ruth Barcena Loayza señaló que con esta medida el gobierno nacional pretende ‘lavarse las manos’, después de haber cometido actos de lesa humanidad.
“Nosotros como asociación vamos a recibir el apoyo económico, pero eso no significa que nosotros vamos a dar tregua o nos quedaremos callados. El proceso judicial continúa, en Ayacucho y Lima, nosotros no vamos a parar hasta encontrar la justicia y saber quienes son las personas que han dado la orden de disparar a matar”, refirió.
Asimismo mencionó que al emitir este decreto de urgencia, el gobierno nacional esta reconociendo los actos delictivos cometidos el pasado 15 de diciembre.
“Están aceptando su error y que mandó a matar a nuestros esposos e hijos. Sin embargo, no hay dinero que pueda reparar el inmenso dolor que nosotros sentimos por la pérdida de nuestros seres queridos”, acotó.
Agregó que los deudos necesitan este dinero para solventar a sus familias y continuar con el proceso judicial, pero existe algunos familiares que señalaron que no aceptarán este apoyo económico.
En otro momento, precisó que son 9 los heridos que continúan en proceso de rehabilitación y en algunos casos no podrán volver a caminar y desenvolverse con normalidad.“Son varias las personas que han quedado con discapacidad y necesitan el apoyo para las rehabilitaciones. Además, han advertido maltrato por parte de los especialistas y personal de salud”, manifestó.
Por su parte, el presidente del Comité de Lucha del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Magno Ortega comentó que pareciera que en el país, las muertes tienen un precio.
“A los familiares de las víctimas pedimos que este apoyo económico, no los silencie y continúen con el proceso judicial para exigir justicia y sanción para los responsables”, refirió.
En otro momento, precisó que este hecho demuestra la responsabilidad política del gobierno de Dina Boluarte y de las fuerzas armadas, que actuaron de manera desproporcional.
“En Ayacucho, particularmente se tiene las pruebas contundentes de las responsabilidad del Estado, lo que están haciendo es tratar de calmar, desviar, tranquilizar a los familiares y pedimos no parar hasta determinar la responsabilidad. Además de un resarcimiento económico justo, que no se puede determinar por su condición social, tenemos que seguir batallando en los tribunales nacionales e internacionales”, finalizó.
