Según un informe de la Contraloría, se realizaron reajustes de la mencionada bonificación en beneficio de 28 servidores administrativos que laboraron el año 2018, sujetos al Decreto Legislativo N° 276, para lo cual dispusieron de recursos de la entidad, sin contar con disponibilidad ni certificación presupuestal.
El mencionado pago se realizó bajo la denominación de “bonificación diferencial”; sin advertir que, lo efectivamente pagado fue una bonificación especial, la misma ya se venía pagando mensualmente con el término “BONESP”.
Para pagar la bonificación especial, se tomó como base de cálculo la remuneración total que percibían los referidos servidores, a pesar de encontrarse prohibido por Ley; ya que carecían de autorización para reajustes adicionales.
