Con fecha 18 noviembre de la ciudadana Carmen Elena Gianella Montoya de Parodi, presentó una denuncia penal ante el despacho del Fiscal Superior de Turno en lo Penal de Ayacucho contra el Juez Hermes León Toledo, del Juzgado Civil de Puquio – Lucanas / perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, por el delito contra la administración de justicia en su modalidad de prevaricato, quien estaría favoreciendo a Minas El Dorado S.A, al declarar fundado una medida cautelar innovativa, que le permitiría seguir operando de manera irregular en la comunidad campesina de San Lucía – Provincia de Lucanas.
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Otra denuncia similar, en este caso bajo el procedimiento administrativo, presentó Carmen Elena Gianella Montoya de Parodi, en contra del Juez Hermes León Toledo ante el despacho del Jefe de la Oficina Distrital del Control de la Magistratura, solicitando disponer la realización de una investigación preliminar, a fin de establecer la existencia de actos de irregularidad por parte del funcionario público quejado, con domicilio laboral ubicado en Jirón Tacna Nro. 742 Puquio – Lucanas.
Las denuncias se sustentan, dando a conocer que pese a que el Contrato de Explotación Minera de Minas el Dorado habría sido Resuelto, conforme obra en una carta notarial de fecha 4 de septiembre del 2024, dicha minera seguiría operando al margen de la Ley de la manera ilegal, incluso habiendo sido reconocido por ellos mismos “QUE NO TIENE DERECHOS DE CESIÓN NI, MUCHO MENOS, DE EXPLOTACIÓN, RESPECTO A LAS CONCESIONES AGRIPINA N°2 Y AGRIPINA N° 3” ubicadas en la Comunidad de Santa Lucía de la provincia de Lucanas.
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Por lo queda claro que el juez Hermes León Toledo cuando dicta la medida cautelar a favor de Minas El Dorado S.A., lo hace sin sustentos y sobre hechos que no guardan relación con la relación contractuales vigentes a la fecha, favoreciendo claramente a la minería ilegal en el sur de nuestra región. Sobre el caso, y otros hechos irregulares entorno a Minas El Dorado S.A. se estará ampliando en los próximos días (Información en desarrollo).
DATOS:
- El delito de prevaricato, consiste en el abuso de la posición que el derecho otorga al juez, con evidente quebranto de sus deberes constitucionales.
- Artículo 418 del Código Penal: “El juez o fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la Ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años (..)”.
