En Ayacucho, la violencia sexual contra niñas expone una crisis que no solo marca a las víctimas, sino que también revela la ineficacia del Estado para protegerlas. Pese a que el aborto terapéutico es legal en Perú desde hace más de un siglo, su aplicación es débil e inconsistente, lo que obliga a niñas violadas a convertirse en madres sin apoyo ni acompañamiento.
Así lo denunciaron Talía Cuya, representante de la Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho (Fedecma) de San Juan Bautista, y Janet Aronés, integrante de la ONG Manuela Ramos, durante una entrevista que evidenció el impacto de la maternidad forzada y las fallas de los sistemas de salud y justicia.
“El hogar debería ser el refugio, la seguridad, pero sin embargo no se ve eso”, señaló Cuya. Recordó que los agresores suelen ser familiares cercanos como padrastros, tíos, primos o incluso hermanos, lo que incrementa el trauma.
El miedo y la falta de confianza hacen que muchas niñas callen. Este silencio, según Cuya, se convierte en el mayor aliado de los agresores, prolongando el abuso hasta que la víctima queda embarazada.
“El futuro que ella prácticamente se proyectaba ya no se va a dar, porque va a tener un futuro truncado, no va a poder seguir estudiando”, advirtió.
Cuya calificó como “muy alarmante” el embarazo infantil: “Sería una niña cuidando a otro niño”. Explicó que, además de los riesgos médicos como anemia y partos prematuros, la maternidad precoz corta el desarrollo personal y educativo de las menores, sobre todo en contextos de pobreza.
Desde la perspectiva legal, Aronés recordó que todo acto sexual con una menor de 14 años constituye violación y que ninguna de ellas debería ser madre.
“Por ningún motivo deberíamos permitir que una niña menor de 14 años se convierta en madre”, enfatizó.
En 2024, más de mil niñas en Perú fueron obligadas a ser madres, de ellas 24 en Ayacucho. Aronés denunció que, aunque el aborto terapéutico es un derecho, “no se están aplicando los protocolos. Falta información, capacitación y articulación entre sectores”.
“La afectación a su salud mental es terrible y el acompañamiento que se debería dar a la niña no está garantizado en nuestro país”, señaló, al subrayar que el Estado sanciona a los agresores pero deja a las víctimas enfrentando solas una maternidad impuesta.
Ambas voceras coincidieron en que la maternidad forzada tras una violación es una forma de violencia institucional que se sigue perpetuando en Ayacucho y a nivel nacional ante la inacción de las autoridades.
“Queremos niñas jugando, no siendo madres”, dijo Aronés, mientras que Cuya alertó sobre la falta de sensibilidad social frente a este problema.
El llamado conjunto es claro: el Estado debe asumir con urgencia su responsabilidad en la prevención, atención y protección de las niñas más vulnerables.
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