La abogada Cruz Silva del Carpio, coordinadora del programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha señalado que actualmente el Perú enfrenta una crisis institucional que afecta directamente el acceso a la justicia. Según explicó, existen señales claras de debilitamiento en entidades como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia.
A pesar de estas tensiones, Silva subrayó que dentro del sistema judicial existen fiscales y jueces que siguen actuando con autonomía. Destacó el trabajo de quienes han enfrentado represalias por investigar casos como el de la empresa Odebrecht, y mencionó las sanciones que han recaído sobre integrantes del equipo especial Lava Jato, como ejemplos de posibles interferencias.
“Una justicia verdaderamente independiente permite proteger derechos básicos como la vida, la integridad, el trabajo, la educación o la pensión. Sin eso, las decisiones pueden verse influenciadas por intereses económicos o políticos”, advirtió.
También enfatizó la importancia de que la ciudadanía entienda el vínculo entre justicia y derechos fundamentales. En temas como violencia de género, desapariciones forzadas o asesinatos de líderes sociales, el acceso a una justicia libre de presiones resulta esencial para garantizar procesos transparentes y decisiones justas.
Silva resaltó que la participación ciudadana es una herramienta clave para defender el sistema judicial. Informarse, denunciar irregularidades, movilizarse y ejercer presión desde la sociedad civil son formas legítimas de contribuir. Además, recordó que el arte, la cultura y la expresión pública también son medios válidos para exigir justicia.
Entre las principales amenazas identificadas se encuentra la criminalización de operadores de justicia que actúan con independencia, así como posibles procesos legales usados como forma de presión o represalia. En algunos casos, incluso se han denunciado amenazas directas contra la integridad física de jueces y fiscales.
Finalmente, Silva recordó que existen sentencias firmes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado peruano a no aplicar leyes de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Estas resoluciones han sido posibles, explicó, gracias a la persistencia de las familias de las víctimas y de organizaciones comprometidas con la memoria y la verdad.
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