La atención en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ayacucho quedó seriamente restringida luego de que los médicos legistas de la Unidad Médico Legal II (UML II) iniciaran un paro de 48 horas en respaldo a seis profesionales contratados bajo el régimen CAS (D.L. 1057) cuyos contratos no fueron renovados, pese a su rol clave en el funcionamiento del servicio pericial en la región.
Los médicos de los regímenes D.L. 276 y 1057 expresaron su total apoyo al personal afectado y advirtieron que la decisión administrativa compromete la continuidad de los servicios forenses en Ayacucho.
“Esta decisión fue tomada sin considerar la urgencia de estos servicios y pone en grave riesgo las investigaciones penales, la atención a víctimas y la integridad de los procesos de justicia”, manifestó uno de los galenos, al recordar que el trabajo del equipo forense es determinante en casos de violencia, homicidios, delitos sexuales y otros procedimientos que requieren inmediatez y rigor técnico.
Alertan recorte presupuestal e inestabilidad laboral
Los profesionales denunciaron que la no renovación de contratos estaría vinculada a un recorte presupuestal, generando incertidumbre e inestabilidad entre el personal forense. La salida de estos seis especialistas —entre médicos, técnicos y miembros del Equipo Forense Especializado— disminuye directamente la capacidad operativa de la institución.
Desde la UML II destacaron el compromiso y profesionalismo del personal CAS, que durante los últimos años ha contribuido de manera decisiva con la administración de justicia y la atención oportuna a la ciudadanía. Prescindir de ellos, señalaron, vulnera no solo su estabilidad laboral, sino también el derecho de la población a un servicio pericial eficiente y continuo.
Atención restringida solo a casos urgentes
Durante los días de paralización, se informó que únicamente se atenderán casos de flagrancia en las áreas clínica y tanatológica, a fin de no afectar procesos urgentes que requieren intervención inmediata.
Los médicos legistas instaron a las autoridades del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a reconsiderar la medida, garantizar la permanencia del personal CAS y adoptar acciones que aseguren condiciones laborales dignas para una labor altamente especializada y esencial para el sistema de justicia.
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