Los ciudadanos que no participaron en la segunda vuelta presidencial de 2026 o incumplieron su función como miembros de mesa están sujetos a sanciones económicas establecidas por la legislación electoral vigente. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que las multas varían según el nivel de pobreza del distrito de residencia y el tipo de infracción cometida.
De acuerdo con la tabla de multas electorales actualizada para 2026, los electores que no acudieron a votar deberán pagar 27,50 soles si residen en distritos considerados de extrema pobreza, 55 soles en distritos catalogados como pobres y 110 soles en distritos no pobres. La clasificación se basa en los indicadores establecidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y en la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.
Las sanciones también alcanzan a los ciudadanos que fueron designados miembros de mesa y no se presentaron para instalar la mesa de sufragio. En estos casos, la multa asciende a 275 soles, equivalente al 5 % de la UIT.
Asimismo, las autoridades precisaron que una persona puede recibir más de una sanción si, además de incumplir su labor como miembro de mesa, tampoco emitió su voto durante la jornada electoral. En ese escenario, el monto total a pagar puede llegar hasta 385 soles, dependiendo de la clasificación del distrito donde figura registrado el elector.
Según información oficial, más de 27 millones de peruanos estuvieron habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial, considerada una de las etapas más importantes del proceso democrático para la elección del próximo presidente de la República.
Los ciudadanos pueden verificar si registran multas electorales mediante la plataforma de consulta habilitada por el JNE utilizando su Documento Nacional de Identidad (DNI). El pago puede realizarse de forma virtual a través de la plataforma Pagalo.pe o de manera presencial en las agencias del Banco de la Nación.
Las autoridades electorales señalaron que estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas establecidas en la normativa electoral y promover la participación en los procesos democráticos del país.
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