Jaime Chauca| Libreta de campo
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Anualmente, se le recuerda al campesino con poemas y discursos hipócritas. Al poblador andino y amazónico se le pone en postales turísticos, se le menciona su cultura como orgullo nacional, sin embargo en el trato diario es discriminado en su propia tierra por extranjeros, señoritos blanquitos que se consideran con cultura superior y que tienen derecho al usufructo de los recursos naturales de la nación, por encima del derecho de ancestralidad de los verdaderos propietarios, los herederos de las culturas precolombinas.
Manuel Scorza , en Redoble por Rancas, grafica nítidamente, los abusos de las compañías mineras que en pacto con gobiernos corruptos despojan de sus tierras a las comunidades campesinas.
El campesino peruano está representado por más de 6200 comunidades campesinas, propietarias del 40% de los tierras agropecuarias del país. En estas comunidades se practica la agricultura familiar que provee el 80% de productos alimenticios a nivel nacional. El campesino pobre, con bajos rendimientos de cultivos, discriminado por el Estado alimenta a las ciudades.
La Ley, 31071 establece que los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades que administran programas sociales, están obligadas a adquirir , anualmente, como mínimo, el 30% de sus requerimientos de alimentos a productores de la agricultura familiar. Pero la realidad es cruda, esta iniciativa nunca funcionó, por la desidia de funcionarios de gobiernos locales encargados para promover el desarrollo económico, que se contentan organizando festivales de cerveza. En este tema los actores principales para la eficiencia de este mecanismo son las gerencias de desarrollo económico de los gobiernos regionales y municipalidades. Según reportes, hasta fines del 2024, las compras a la agricultura familiar alcanzaron apenas a 144,441 soles, que representa menos del 0.02% de la meta esperada.
Al parecer, el gobierno Regional de Ancash es líder en este aspecto, pues en 2025 ha destinado 15 millones de soles para la compra de alimentos a la agricultura familiar, tema que en Ayacucho suena a música lejana, puesto que aquí se prioriza infraestructura de cemento y fierro.
Actualmente, existe la idea de constituir cooperativas en base a asociaciones de productores de la agricultura familiar, pero la estrategia planteada es incierta, porque no hay una entidad que agrupe agricultores en el campo.
La idea es buena, pero la estrategia deja muchas dudas, porque convoca a los agricultores a inscribirse en una pagina virtual amigable; pero ya tenemos la experiencia de las compras estatales de la agricultura familiar, que si no se realiza un acompañamiento presencial persistente todo es canto de sirenas y finamente cae en saco roto. Lo ideal es que las gerencias de los gobiernos regionales y municipalidades empadronen y promuevan el consorcio, pero no la conformación de asociaciones. La idiosincrasia campesina rechaza la asociatividad, por considerar burocrático y pasible a obligaciones tributarias. En cambio, el consorcio, es la actividad de los campesinos para una venta única. Establecido este mecanismo en la economía de la agricultura familiar, entrarían, en unos cinco años, gradualmente a la conformación de asociaciones y cooperativas. Total si a los agroexportadores el Estado les apoyó durante 25 años y ahora se prolongó por 10 años más, los campesinos de la agricultura familiar también merecen apoyo.
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