Isaac Bigio.
Politólogo economista e historiador
Las denuncias sobre el proceso electoral, el papel decisivo del voto en el exterior y un resultado extraordinariamente ajustado han abierto un debate inédito sobre la legitimidad de la elección presidencial peruana.
El Perú atraviesa una situación sin precedentes. Los organismos electorales apuntan a proclamar una presidenta respaldada por las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, una parte significativa del país cuestiona la legitimidad del resultado. Roberto Sánchez se niega a reconocer su derrota, sostiene que obtuvo la mayoría de los votos dentro del territorio nacional y ha anunciado acciones judiciales tanto en el Perú como en instancias internacionales.
La controversia no se limita al discurso de un candidato derrotado. Diversos acontecimientos ocurridos durante el proceso electoral han alimentado las dudas sobre la transparencia del escrutinio y han deteriorado la confianza en las instituciones encargadas de administrarlo.
Entre ellos destaca la propuesta de la doctora Delia Espinoza, presidenta del Colegio de Abogados de Lima y exfiscal de la Nación, de anular varias mesas de votación en el exterior. A ello se suma la renuncia presentada el 23 de junio por el secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Elar Juan Bolaños Llanos, quien denunció en su carta la manipulación de equipos informáticos y graves vulneraciones al Sistema de Gestión Documentaria. Lejos de aceptarla, la ONPE decidió abrirle un proceso disciplinario.
Pocos días después, la doctora Amparo Ortega Campana renunció de manera irrevocable al proceso de selección para designar al próximo jefe de la ONPE.
Mientras tanto, Sánchez presentó denuncias penales contra la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el presidente de la República, Juan María Balcázar. Aunque la posibilidad de que impulse un gobierno paralelo parece carecer hoy de respaldo institucional suficiente, su partido ya habla de una «resistencia democrática». Por su parte, Rafael López Aliaga, tercero en la primera vuelta, también denunció fraude y se negó a jurar como senador, aunque permitió que los congresistas de su agrupación asumieran sus escaños.
Si en 2021 Keiko planteaba recontar voto por voto, ahora, cuando los resultados le favorecen, ella se opone a esa misma medida, lo que aumenta la incertidumbre y el escepticismo.
Todos estos hechos han configurado un escenario de creciente desconfianza. Más allá de quién tenga razón, el problema central ya no es únicamente quién ganó la elección, sino si una parte importante de la ciudadanía está dispuesta a aceptar el resultado como legítimo.
La estrechez del resultado explica por qué cada voto ha adquirido una importancia extraordinaria. Contabilizando la totalidad de los sufragios, Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por apenas dos décimas porcentuales. Sin embargo, si se consideran únicamente los votos emitidos dentro del territorio peruano, el resultado se invierte: Sánchez obtiene el 46,8 %, frente al 46,6 % de Fujimori. La diferencia radica exclusivamente en el voto emitido en el extranjero.
De los 308.169 sufragios registrados fuera del país, Fujimori obtuvo cerca del 59,5 %, mientras que Sánchez alcanzó el 34,5 %. Ese respaldo de la diáspora terminó inclinando el resultado final.
La influencia del voto exterior no tiene precedentes en la historia republicana. Hasta antes de 1980 los peruanos residentes en el extranjero carecían de derechos electorales. De haberse mantenido aquella legislación, el resultado de esta elección habría sido distinto.
Sánchez sostiene que las reglas del proceso no debieron modificarse entre la primera y la segunda vuelta. Su principal objeción no es el derecho de los peruanos en el exterior a votar, sino las presuntas irregularidades denunciadas en la organización y el cómputo de esos sufragios.
La controversia no se limita a los sectores que respaldan a Sánchez. El funcionamiento del voto en el exterior también ha despertado inquietudes en figuras políticas de diferentes corrientes, entre ellas Ricardo Belmont, Alfonso López Chau y Carlos Bruce, dirigente de Somos Perú que, pese a no apoyar a Sánchez, ha expresado preocupaciones sobre diversos aspectos del proceso.
Uno de los hechos que alimentan las dudas ocurrió pocos días antes de la primera vuelta. El 21 de abril renunció Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, pese a que la Ley Orgánica establece que dicho cargo no puede abandonarse durante un proceso electoral. Al día siguiente asumieron los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores nuevas autoridades vinculadas políticamente al fujimorismo.
Entre sus primeras decisiones figuró el relevo de representantes diplomáticos en varios países con elevada concentración de votantes peruanos residentes en el exterior, entre ellos Estados Unidos, España, Francia, Argentina, Alemania e Italia.
Según Sánchez, también se modificó el procedimiento habitual para el procesamiento de las actas provenientes del extranjero. En procesos anteriores, estas eran digitalizadas y enviadas electrónicamente a Lima, mientras los originales viajaban posteriormente en valijas diplomáticas para su verificación. En esta ocasión —afirma— las actas físicas fueron remitidas directamente al Perú sin ese procedimiento previo de digitalización, lo que, a su juicio, redujo los mecanismos de control y verificación.
Otro dato que llama la atención es la participación electoral en el exterior. Mientras en la primera vuelta votaron 411.077 peruanos residentes fuera del país, en la segunda solo lo hicieron 328.162, una reducción cercana al 20 %.
Una posible explicación sería que parte de los 76.881 electores que apoyaron a Rafael López Aliaga en la primera vuelta decidieron no volver a votar en la segunda, después de que este denunciara fraude electoral y se negara a respaldar explícitamente a Keiko Fujimori.
También resulta llamativa la evolución del voto de Fujimori. En el territorio nacional multiplicó aproximadamente por tres veces y media los votos obtenidos en la primera vuelta. Sin embargo, en el exterior su crecimiento fue todavía mayor, hasta acercarse a quintuplicar su porcentaje inicial.
No existe otra circunscripción electoral en la que el incremento de su apoyo haya sido tan pronunciado. En la primera vuelta obtuvo el 12,76 % de los votos emitidos en el exterior y ocupó el segundo lugar. En la segunda ronda ese porcentaje se aproxima al 60 %, muy por encima del crecimiento registrado dentro del territorio nacional.
A diferencia de las elecciones de 2021, cuando la mayor parte del centro y la derecha cerraron filas frente a la izquierda, en esta ocasión varios dirigentes moderados con influencia entre la diáspora respaldaron a Sánchez. Ello hace que algunos analistas consideren difícil explicar un crecimiento tan intenso del apoyo a Fujimori exclusivamente por cambios en las preferencias electorales de los votantes residentes en el extranjero.
La controversia en torno al voto exterior plantea un escenario complejo. Si los sufragios emitidos fuera del país se mantienen válidos, Sánchez ha anunciado que no reconocerá una eventual presidencia de Keiko Fujimori, abriendo la posibilidad de una crisis política prolongada. Si, por el contrario, esos votos fueran anulados, resultaría necesario repetir la votación correspondiente a la circunscripción de los Peruanos en el Exterior (PEX).
Sin embargo, esa solución también presenta dificultades. Una campaña presidencial no puede desarrollarse únicamente en el extranjero mientras el resto del país permanece al margen del proceso. En consecuencia, la alternativa más razonable sería convocar un nuevo balotaje en todo el territorio nacional y en el exterior, bajo reglas claras y con garantías que otorguen plena confianza a todos los actores políticos.
No sería la primera vez que una democracia adopta una decisión semejante. En 2016, Austria anuló la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales y convocó una nueva votación. No se acreditó fraude, pero sí irregularidades en el recuento de aproximadamente 77.000 votos emitidos por correo. Como esa cifra superaba ampliamente la diferencia entre los candidatos —unos 33.000 votos, equivalentes al 0,7 %—, el Tribunal Constitucional ordenó repetir la elección. El mismo candidato volvió a imponerse meses después, aunque con una ventaja más amplia y un resultado aceptado por todos.
Más recientemente, el presidente colombiano Gustavo Petro ha citado el caso de Rumanía, donde unas elecciones fueron anuladas tras cuestionamientos sobre la influencia externa en el proceso electoral. Más allá de las diferencias entre ambos casos y la realidad peruana, estos precedentes muestran que, en circunstancias excepcionales, algunas democracias han optado por repetir una elección antes que prolongar una crisis de legitimidad.
No faltarán quienes sostengan que debería repetirse toda la elección general y no solo el balotaje. De hecho, hasta la víspera de la segunda vuelta, la Municipalidad Metropolitana de Lima había planteado la anulación de esta última. A ello se suma un hecho poco habitual: mientras Rafael López Aliaga denunció que le fue arrebatado cerca de un millón de votos en la primera vuelta, diversos dirigentes de izquierda cuestionan el resultado del balotaje y figuras de centro, como Ricardo Belmont y Fernando Olivera, han expresado dudas sobre ambas rondas electorales. Paradójicamente, quienes en esta ocasión defienden con mayor firmeza la validez del proceso son los sectores fujimoristas, los mismos que en 2021 sostuvieron que habían sido víctimas de fraude.
Más allá de quién tenga razón, el problema central es otro: cuando una elección divide al país hasta el punto de que una parte importante de la ciudadanía no reconoce el resultado, la estabilidad democrática queda seriamente comprometida. La legitimidad de un gobierno no depende únicamente de la proclamación oficial de los organismos electorales, sino también de la confianza que inspire el proceso mediante el cual fue elegido.
Por ello, un nuevo balotaje podría convertirse no en una concesión a uno u otro candidato, sino en una oportunidad para restablecer la confianza pública. Si el resultado volviera a favorecer a Keiko Fujimori, su victoria estaría respaldada por un proceso menos cuestionado. Si favoreciera a Roberto Sánchez, también desaparecería buena parte de las dudas actuales. En ambos casos, el principal beneficiado sería el sistema democrático peruano.
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