Debido a la polémica para solucionar la grave crisis de delincuencia que afronta el país, el alcalde de Lima mediante el Consejo Metropolitano de Lima, propone ley que sanciona como “terrorismo urbano” a la delincuencia en sus distintas modalidades y afecta a la libertad de expresión mediante protestas.
En el proyecto de Ley N°6014 presentado por el Consejo Metropolitano de Lima ante el Congreso de la República, propone incluir el articulo 315-B en el Código Penal el delito de “terrorismo urbano”, cuya sanción para este delito será una pena privativa de la libertad no menor a 20 años y la pena de hasta 30 años si a causa del delito se ocasiona la muerte de una persona, así como si se realiza el hecho usando armas químicas o se toma a rehenes.
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En cuanto a lo que la Municipalidad Metropolitana de Lima establece terrorismo urbano, queda evidenciado en el articulo 3 de la ley donde menciona que es el que mediante la utilización de armas de fuego, granadas o explosivos comete los delitos establecidos en el Código Penal dentro del articulo 108-C, que describe al delito de sicariato; articulo 152, que describe al delito de secuestro; articulo 189, que describe al delito de robo agravado e incluye el abigeato; articulo 200, que habla del delito de extorsión y el articulo 297, que describe las formas agravadas del delito de tráfico ilícito de drogas.+
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Se entiende como terrorismo urbano también a delitos vinculados a marchas sociales, ya que la propuesta integra a los crímenes descritos en el articulo 315, que habla del delito de disturbios definiéndola como el atentado a la propiedad pública o privada, así como en contra de la integridad física en una reunión tumultuaria actualmente la pena máxima es de 6 años; el articulo 317 y 317-B, que detalla a los delitos de organización criminal, así como banda criminal.
Considerando todos los artículos del Código Penal que se considera como terrorismo urbano, se evidencia una parcialidad que criminaliza a las marchas en contra del gobierno de Dina Boluarte, así como una tendencia para disuadir a las personas y no salgan a protestar, porque aumenta exageradamente a 30 años los delitos que en mayoría tienen una pena menor.
Recordar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) comprende al terrorismo como todo aquel “acto de violencia dirigidos contra los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos”, por lo que los delincuentes no buscan un fin político sino persiguen un fin económico; por lo que la propuesta de la municipalidad de Lima sería parcial ya que no incluye el llamado.
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