En un paso significativo hacia la inclusión, el Concejo Provincial de Huamanga aprobó una ordenanza que garantiza presupuesto y acciones específicas para incorporar a las personas con discapacidad en las políticas de gestión de riesgos ante desastres y cambio climático.
La norma, impulsada por la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) junto a su equipo técnico, establece que la Subgerencia de Defensa Civil deberá capacitar a esta población, elaborar protocolos de atención diferenciada, brindar asistencia técnica y ejecutar investigaciones enfocadas en sus necesidades.
El proyecto fue trabajado durante dos años y contempló acciones formativas en los cinco distritos metropolitanos de Ayacucho. Sin embargo, solo Huamanga lo aprobó. “En los demás distritos fue rechazado, a pesar del diálogo con regidores y funcionarios. Lamentablemente, hay una falta de sensibilidad y voluntad política”, señaló Rómulo Quicaño, integrante del equipo técnico y representante del movimiento de personas con discapacidad.
La ordenanza reconoce el derecho a la información y a la preparación ante emergencias, lo que rompe con una práctica común en los gobiernos locales: la exclusión de personas con discapacidad de las políticas ambientales, climáticas y de prevención de riesgos. “El Estado suele invisibilizar a este sector. Esta ordenanza marca un punto de quiebre, pero es solo el inicio. Ahora corresponde garantizar su implementación y replicarla en otras jurisdicciones”, añadió la responsable de Omaped.
Aunque el avance en Huamanga es valorado como un logro colectivo, la exclusión en los otros cuatro distritos evidencia una deuda pendiente: la falta de decisión política para incorporar verdaderamente a las personas con discapacidad en la agenda pública.
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