La Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos (Asfah) denunció que las recientes modificaciones a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) vulneran gravemente los derechos de las víctimas del conflicto armado, de la represión estatal y delitos contra los derechos humanos.
“La modificación a esta ley nos deja indefensos”, advirtió Yobana Mendoza, presidenta del Asfah. “Quieren callarnos quitándonos a los abogados”.
La reforma, aprobada por el Congreso, sanciona con hasta 500 UIT (más de dos millones de soles) a las ONG que financien acciones legales contra el Estado con cooperación internacional. Según Asfah, esta medida paralizará el acompañamiento legal gratuito a miles de víctimas.
“Ninguno de nosotros puede pagar un abogado particular”, explicó Mendoza. “Nuestros casos quedarían archivados”.
Mendoza advirtió que esto paraliza completamente la posibilidad de obtener justicia en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a las masacres ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022.
“Esta es la estocada final contra la justicia. Es una ley hecha para blindar a los responsables de las masacres”, añadió Mendoza, quien advirtió que la normativa también afecta el derecho a la asociación y a la organización colectiva de las víctimas. “Nos quieren dividir. No quieren que sigamos unidos. Así será más fácil silenciarnos”, agregó.
Por último, anunció que apelará la norma en las instancias correspondientes y llamó a otras asociaciones y colectivos de derechos humanos a sumarse a una defensa conjunta.
“No vamos a permitir que normalicen las matanzas. Exigimos que esta ley se anule. No representa al pueblo”, afirmó Mendoza. “Queremos justicia, no impunidad”.
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