La región Ayacucho registra hasta la fecha cuatro muertes maternas, dos de ellas catalogadas como indirectas y vinculadas a casos de suicidio en mujeres jóvenes, según informó la Dirección Regional de Salud (Diresa).
La situación encendió las alertas en organizaciones sociales y especialistas, quienes advierten la necesidad de reforzar las políticas de prevención y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud.
Janet Arones Obregón, coordinadora regional del programa de sexualidad y autonomía física del Movimiento Manuela Ramos, recordó que el aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924 y cuenta con un protocolo de aplicación desde 2014, pero que su falta de implementación afecta principalmente a mujeres de bajos recursos.
“El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924 y contamos con un protocolo de aplicación desde 2014, pero todas las otras formas de aborto siguen siendo ilegales. Esta situación impacta mayormente en mujeres pobres, quienes se ven obligadas a acudir a servicios inseguros y sin garantías para su salud”, afirmó.
La especialista sostuvo que estos hechos deben llamar la atención de las autoridades, no solo por la pérdida de vidas, sino porque reflejan la urgencia de contar con profesionales de salud capacitados con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad. Asimismo, recordó que en Ayacucho también se registraron recientemente tres feminicidios, lo que evidencia una situación crítica para la salud y seguridad de las mujeres.
El embarazo adolescente constituye otro de los factores de riesgo más graves en la región. Liz González, obstetra y coordinadora del curso de vida adolescente y joven de la Diresa, advirtió que las menores gestantes tienen hasta cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto en comparación con una mujer adulta.
“Una adolescente de 12 o 13 años tiene factores de riesgo que se multiplican porque su cuerpo todavía no ha terminado de desarrollarse física ni emocionalmente”, manifestó.
Ambas coincidieron en que el reto es implementar estrategias sostenibles de prevención, garantizar un acceso real a la salud sexual y reproductiva, y articular esfuerzos entre instituciones educativas, familias y servicios públicos para evitar nuevas pérdidas humanas en la región.
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