Alisson Ayala Talavera
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En la región de Ayacucho, el 15 de diciembre se registró graves violaciones de derechos humanos que fueron presuntamente realizadas por agentes del Estado, el cual según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría calificarse cómo masacre.
A través del informe «Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales» se indica que el Estado estuvo caracterizado por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza, el cual trajo consigo el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en sus cuerpos por impactos de armas de fuego y perdigones.
Dejando así un total de diez fallecidos: Christopher R. G. (15), Josué Sañudo Quispe (31), Jhon Mendoza Huarancca (34), Raúl García Gallo (35), Clemer Rojas García (22), Luis Urbano Sacsara (22), Edgar Prado Arango (51), José Luis Aguilar Yucra (20), Leonardo Hancco Chacca (32 años) y Jhonatan Alarcón Galindo (19 años).
Además, de acuerdo al informe de la CIDH se constató que existe un proceso de estigmatización que se realizó a las personas indígenas y campesinas dónde se les han calificado como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas.
De esta manera se comprobaría que estos mensajes contribuyen a la creación de un ambiente de que viene normalizando la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de la población.
A esto se suma las acciones de censura hacia las actividades de los familiares de las víctimas de esta masacre. además, del traslado del proceso judicial iniciado en Ayacucho hacia la ciudad de Lima por parte del Ministerio Publico.
Son estos motivos por el cual la CIDH concluye que se necesita una investigación exhaustiva porque se trató de múltiples privaciones del derecho a la vida que fueron vulneradas.
