de los derechos humanos por las fuerzas del orden y militares del Estado. No existe una política de gobierno, por la improvisada dictadura que se ha emprendido con la descarada complicidad del Congreso de la República, las fuerzas armadas y policiales, los medios de comunicación concentrados y los grupos de poder económico. Lo que solo les permite tener una estrategia de tragedia para sofocar el grito de libertad del pueblo enardecido.

Y como buscan “pacificar” el Perú, haciendo lo contrario que hace un bombero ante un incendio, no apagando las llamas ni evitando que se propague, sino echándole más combustible con la violencia y la guerra declarada a la voluntad popular.

Aquí se decreta inmovilización social obligatoria, lo que es lo mismo que toque de queda con estado de emergencia que más parece un estado de sitio, no se quiere que las personas salgan a protestar a las calles. Sin embargo, se promueve fiestas y festivales porque saben que las festividades son hoy por hoy el opio del pueblo.

Si las fiestas navideñas y las celebraciones de año nuevo, dieron un respiro a este gobierno ilegitimo, con lo cual quieren emular una constante necesidad de revivir nuestro calendario de festividades para distraer la opinión pública y que la población se olvide de los gravísimos crímenes que vienen cometiendo desde el Poder Ejecutivo y el parlamento. Por eso vemos a viceministros desesperados presionando a autoridades locales y regionales para autorizar festivales y otras actividades.

Acaso después de más de 60 muertos sobre la conciencia de Dina Boluarte estamos con ánimos de celebrar.

La estrategia de la tragedia cual manual de guerra, también los lleva a utilizar el terrorismo como chivo expiatorio, se ha vuelto al pasado de la vergüenza cuando se detenía primero y después se investigaba fabricando cargos para justificar las ilegales privaciones.

Nunca como ahora nos hemos visto privado de más derechos a manos de los mercenarios del Congreso que llaman reforma política a una puñalada mortal contra la convaleciente democracia que todavía quedaba.

Y para evitar contrareformas se tiene a un Tribunal Constitucional capturado que es incapaz de ser el garante de una Constitución tan mancillada que sería irreconocible para su propios autores de la misma vereda política que sus transgresores.

Si hay una tarea pendiente porque luchar en los próximos años de la mano de este proceso constituyente que ya inicio en las calles y que es irreversible porque es un fenómeno social más que jurídico.

Es la necesidad cada vez más imperante de una nueva Constitución, que pueda echar por suelo lo realizado por este Congreso y nos devuelva el equilibrio de poderes, la dignidad humana y una nueva estructura del Estado con condiciones de gobernabilidad. Lo que va más allá de un gobierno de transición legítimo que nos lleve a unas próximas elecciones generales libre, justas y democráticas en el corto plazo que todo hoy clamamos.