Hasta aquí queda claro que el tipo penal busca prohibir conductas que promuevan el delito, ya sea exaltando el hecho o a la persona que lo cometió; sin embargo, la proscripción de exaltar, justificar o enaltecer a la persona agente del delito, tiene que estar directamente relacionado a hechos que lo vincula con el delito, de lo contrario hasta los historiadores o periodistas por más objetivos que pretendan ser podrían ser imputados de apología, no se trata pues de una delito para erradicar de la memoria histórica a las personas indeciables para la sociedad, sino para evitar cometer esos mismos actos.

En tal sentido, últimamente se ha puede de moda con la ola del terruqueo, citar la apología al terrorismo como medio para censurar y tratar de ahogar la protesta social legitima, por parte de los agentes de seguridad del Estado.

El Ministerio del Interior con su reciente comunicado N° 004-2023, advierte de la modificatoria normativa que incorpora el artículo 316-A en el Código Penal, que tipifica el delito de apología al terrorismo en redes sociales.

Y exhorta a la ciudadanía cual Gestapo a denunciar a los posibles autores de estos delitos, desatando con ello una cacería de brujas digno de un régimen dictatorial donde todos los ciudadanos sospechan de todos y desde luego van a abundar las denuncias maliciosas.

Por tanto, debemos ser claro en señalar que un llamado a una asamblea constituyente no puede ser considerado apología al terrorismo, la convocatoria a una marcha pacífica contra el régimen fraticida de Dina Boluarte, solicitar la renuncia de la Presidencia de la República, el cierre del Congreso o un adelanto de elecciones por las vías constitucionales tampoco.

Los que se busca con estos mecanismos es amedrentar a los dirigentes, comunicadores sociales, periodistas independientes o prensa alternativa, que cualquier denuncia por estos hecho puede significar la privación de la libertad injustificada de manera preliminar hasta por 15 días, mientras sacan del camino a quienes les son incomodos para el gobierno, sin pruebas ni sustento jurídico.

Si antes las dictaduras utilizaban el exilio o destierro como forma de deshacerse de sus adversarios políticos, hoy la derecha peruana apuesta por la cárcel con el terruqueo y sus derivados para mandar a todos quienes levantamos nuestra voz de protesta contra los abusos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Ante de escuchar el clamor popular y ponerse a la altura de la soberanía del pueblo, los políticos que secundan al gobierno con su mayoría en el Congreso han preferido la persecución y el ensañamiento contra un despertar de los excluidos y siempre invisibilizados de la sociedad.

Aquellos que son útiles como corderos, cuando van en grupo a las urnas con promesas e ilusiones, pero cuando se atreven a pensar y realizar una acción política colectiva para enfrentar los enraizados problemas que arrastramos en nuestra moribunda democracia, son etiquetados, apresados y condenados.

Es una historia que se ha repetido muchas veces en estos 200 años de república criolla que nos dio la libertad para elegir pero no para ser elegidos.