El congresista Juan Bartolomé Burgos de la bancada Podemos Perú, el día 22 de agosto, presentó el proyecto de ley No 8685, el cual pretende privatizar los centros penitenciarios en todo el Perú; así señala que la construcción, operación y mantenimiento de cárceles lo realizará el sector privado.
La iniciativa de ley señala que “la privatización de los centros penitenciarios se lleva a cabo mediante un modelo de concesión, operación y mantenimiento a largo plazo”; así afirma que las cárceles peruanas pasarán a ser administradas por empresas privadas.
La propuesta da mayor detalle sobre el proceso de privatización de las cárceles y afirma, “se delega la construcción, operación y mantenimiento de los centros penitenciarios a entidades privadas, bajo la supervisión del Estado”; así se autorizará que empresas privadas se encarguen de construir, operar las cárceles; además su mantenimiento.
Afirma que la privatización se dará mediante el “mecanismo de asociaciones público privadas”, por ello afirma que esta privatización de las cárceles de dará bajo la supervisión del Estado.
Mecanismos de supervisión
El proyecto de ley dispone a organismos de supervisión y control del Estado para cumplir con la supervisión de estas cárceles privadas mediante un Órgano de Suspensión que realizará inspecciones periódicas, solicitará informes de gestión y aplicará sanciones en caso de incumplimiento de los términos del convenio público privado.
La propuesta de Juan Burgos también contempla las auditorías independientes, cuyos resultados serán públicos y tiene el objetivo de evaluar la gestión de las cárceles privadas, el uso de los recursos, el respeto de los derechos humanos y la eficacia de los programas de rehabilitación.
El hacinamiento es el principal problema
El congresista Burgos dice que el principal problema por el cual presenta este proyecto de ley es el hacinamiento en las cárceles peruanas y dice, “el hacinamiento en los centros penitenciarios ha alcanzado proporciones alarmantes, convirtiéndose en una crisis humanitaria”.
Burgos afirma que la sobrepoblación en las cárceles genera condiciones de vida inhumanas y facilitaría propagación de enfermedades, así como incrementar la violencia intracarcelaria.
Esta propuesta buscaría reducir la cantidad de reclusos que hasta marzo del 2023 era de 90,516 internos, según datos del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), de los cuales el 62.2% (56,274) son sentenciados y 34,242, ósea el 37.8% son procesados; por lo que hay una población considerable que aún no recibe su condena y ocupa una celda a causa de la prisión preventiva.
Supuestos beneficios
El congresista afirma que este proyecto de ley beneficia a los reos y a la sociedad en general al reducir el hacinamiento de las cárceles, mejora la eficiencia en la administración del sistema penitenciario con más recintos y mejor control de los reos y disminuiría la violencia al interior de los centros penitenciarios.
Agrega que todos es estos beneficios se darán por un costo mínimo al generar únicamente gastos de supervisión y control de los centros penitenciarios privados; sin embargo, no contempla como algo negativo la posición de la población que alega la existencia de “cárceles doradas” al ver los centros de reclusión de los expresidentes como Alberto Fujimori o Alejandro Toledo.
Las cárceles privadas podrían beneficiar a condenados de alto poder adquisitivo o influencia política, económica y delictiva como a líderes políticos o criminales de alto poder.
PL 8685: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjA5ODU2/pdf
