La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 32419, que busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. La acción fue interpuesta por el defensor Josué Gutiérrez y será evaluada por el Tribunal Constitucional (TC).
En abril pasado, la institución había mostrado su respaldo a la norma durante el debate parlamentario. Sin embargo, ahora sostiene que su aplicación contraviene la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales firmados por el Perú.
Según el documento de la Defensoría, la ley vulnera los derechos a la igualdad, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, además de afectar la tutela jurisdiccional efectiva. La norma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo con el argumento de poner fin a procesos judiciales prolongados, pero críticos advierten que podría generar impunidad frente a crímenes graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Hasta la fecha, tres jueces han inaplicado la ley de amnistía en sus procesos usando el control difuso, argumentando que contraviene la Constitución. Diversas organizaciones de derechos humanos también han alertado sobre posibles incumplimientos de compromisos internacionales.
La demanda de inconstitucionalidad abre un proceso que podría extenderse varios meses, durante el cual el Tribunal Constitucional analizará los argumentos de la Defensoría, el Congreso, el Ejecutivo y expertos jurídicos. La resolución definirá si la Ley de Amnistía se aplica plenamente o si los jueces podrán seguir protegiendo los derechos de las víctimas, marcando un precedente histórico en la justicia transicional del Perú.
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