Representantes de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) del Colegio Mariscal Cáceres han manifestado su indignación por un incidente ocurrido recientemente en la institución educativa. Según Jeanette Onofre, miembro de la asociación, se realizó el cambio de la chapa de la puerta de la oficina sin previo aviso ni autorización, generando preocupación entre los padres de familia.
El hecho fue reportado el 20 de diciembre cuando el tesorero de Apafa intentó ingresar a la oficina y descubrió que la llave no funcionaba. Ante esta situación, miembros del consejo directivo acudieron a verificar lo sucedido, pero nuevamente se les negó el acceso a las instalaciones, alegando razones administrativas.
La fiscal Nelly Paita Buendía intervino en el caso, pero los representantes de Apafa expresaron su descontento con la actuación de la autoridad. Según Onofre, la fiscal mostró una presunta actitud parcializada, impidiendo que la presidenta de la asociación exponga adecuadamente la situación.
“Nos sorprendió mucho cómo la fiscal manejó el caso. No se permitió el ingreso del resto de los representantes, y en varias ocasiones se interrumpió a nuestra presidenta mientras intentaba explicar lo ocurrido. Sentimos que no fuimos escuchados como corresponde”, señaló Onofre.
El incidente, según informaron, está relacionado con un supuesto acta elaborada por el personal delegado de la institución para justificar el cambio de chapa. Sin embargo, los padres de familia cuestionaron por qué no fueron informados previamente y por qué se les negó el acceso reiteradamente. Además, expresaron su preocupación por la posible pérdida de documentos importantes, dinero en caja chica u otros bienes que se encontraban en la oficina.
“Pedimos a la fiscalía que designe un fiscal imparcial para esclarecer este tema y determinar responsabilidades. Como Apafa, responsabilizamos a quienes realizaron el cambio por cualquier irregularidad que pueda detectarse en el inventario de nuestra oficina”, afirmó Onofre.
Los representantes de Apafa hicieron un llamado a las autoridades para que se garantice la transparencia en este caso y se respete el derecho de los padres de familia a utilizar las instalaciones destinadas a su organización.
