Hace 200 años, el 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de Ayacucho, el ejército libertador selló con su triunfo la libertad de toda América el Sur. La independencia de las recientes repúblicas como las Provincias Unidas del Rio de la Plata -hoy Argentina, Chile- de la Gran Colombia -hoy Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela- así como de Perú quedaba definitivamente alcanzada luego de acordarse el retiro de todas las fuerzas del Ejército realista de América del Sur. Sólo faltaba Bolivia, a donde llegó Sucre y Bolívar en 1825.
Fue en diciembre de 1984, hace 40 años, un día que falta precisar, en la lejana comunidad ayacuchana de Putis, una patrulla del Ejército, heredera del que alcanzó la victoria en la Pampa de Ayacucho, reunió a todos los pobladores, que vivían en sus estancias, temerosos de las incursiones de Sendero Luminoso, y luego de hacerles cavar una fosa, los ejecutaron extrajudicialmente. En la matanza murieron hombres y mujeres, ancianos y niños. Luego cubrieron con tierra los restos.
El 15 de diciembre de 2022, hace dos años, en medio de las protestas en todo el Perú, exigiéndola a la presidenta Dina Boluarte que cumpla de su palabra ofrecida en varias oportunidades, de que ella se iba si vacaban al presidente Pedro Castillo, una multitud de ayacuchanos marcharon hacia el aeropuerto Alfredo Mendívil. El resultado, 10 muertos con arma de fuego.
Las heridas están abiertas dos años después
La caída de Pedro Castillo era una muerte anunciada, parafraseando una novela de Gabriel García Márquez. Y era previsible que ello ocurra, lo que no se sabía era la fecha en que se daría el golpe final contra un gobierno que asumió el poder contra todas las fuerzas de la derecha peruana unidas contra el candidato de un partido nacido en provincias, que tenía un programa socialista y no ocultaba sus simpatías con gobiernos “autoritarios”, como acostumbraba llamarlos la derecha, encabezado por el fujimorismo. Uno de esos países era la Venezuela Chavista, la misma que le dio asilo a Vladimiro Montesinos cuando huyó del país, luego de la caída de Alberto Fujimori.
Fue un gobierno, desde sus inicios precario, por la campaña sostenida desde la derecha, donde era evidente una connotación clasista: era un maestro sindicalista que representaba a la profesión más excluida en el Perú; y étnica, porque se le ubicaba como procedente del mundo indígena -aunque hablaba español- porque en Cajamarca el quechua se ha extinguido.
A ello se sumaba el anticomunismo, que en el Perú se ha fortalecido a raíz de las acciones terroristas que desarrolló Sendero Luminoso en las décadas dos últimas décadas del siglo pasado. El terruqueo, la calificación del comunismo como la gran amenaza para el Perú, incluso por los agroexportadores y empresarios peruanos que hacen grandes contratos con China, un país donde un partido comunista gobierna.
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A esto se sumó las presiones contra Pedro Castillo de parte de la cúpula de Perú Libre liderado por Vladimir Cerrón y en el congreso por su hermano Waldemar. La primera derrota del gobierno y de Perú Libre fue justamente la elección de la Mesa Directiva del Congreso, al ser incapaz de entender., un partido que se consideraba de izquierda de conformar un frente único contra sus oponentes más radicales: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y algunos congresistas de Acción Popular y Alianza para el Progreso.
Las incoherencias de Waldemar Espinoza, que se siente feliz con una tercera vicepresidencia en una mesa directiva controlada por Fuerza Popular, se evidencia cuando no quisieron ceder ante las otras fuerzas en el congreso, que no eran oposición al gobierno y podrían darle cierto respiro a Castillo en su primer año, que le proponían que fuerza popular esté en la directiva, pero no en la presidencia, y no aceptaron. El resultado, una mesa directiva y una alianza al interior del congreso contra Pedro Castillo, donde la voz cantante la tendría Fuerza Popular.
La siguiente crisis se dio en la composición de primer gabinete de Pedro Castillo. La carencia de cuadros profesionales para dirigir el gobierno, fue una demostración de la precariedad de Perú Libre. La derrota de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, el respaldo de todas las fuerzas del antifujimorismo que lograron el triunfo, frente a una campaña marcada por discursos de odio de la derecha peruana agrupada y tras la candidatura de la hija del ex dictador, no hizo recapacitar a los hermanos Cerrón, que insistieron en un gabinete mayoritariamente de su partido.
Incluso, estas discrepancias se notaron cuando a la juramentación del gabinete no asistieron algunos voceados para ministerio importantes, como Economía. Si hubo un apoyo a Castillo antes de las elecciones, esto se fue diluyendo en la medida que el sectarismo y la incomprensión de lo que realmente sucedió en el proceso electoral, que agrupo a todas las fuerzas tras el profesor rural, se resintiera. A esto se suma los primeros conflictos entre los seguidores de Castillo que procedían del magisterio, y que terminarían constituyendo su bancada diferenciándose de la de Perú Libre.
Para diciembre de 2022, las condiciones para la vacancia de Castillo estaban casi dadas. El 7 de diciembre esto podía suceder, y se calculaban los votos que respaldarían la moción de censura que estaba en manos de la mesa Directiva. Tres horas antes de la sesión, Pedro Castillo, en una imagen que reflejaba la situación de abandono en que se encontraba, hizo publico un mensaje a la nación, disolviendo el congreso, reorganizando la fiscalía y el poder judicial. Era al entender de todos, una copia del que dio Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.
En una sesión convocada de emergencia, tres horas antes de la hora fijada, el congreso se reunió para tomar medidas frente al mensaje de Castillo. A diferencia del de Fujimori, que fue a una hora que impidió que se reúna el congreso, el de Castillo fue a medio día y toda la oposición casi de inmediato llego al congreso y, acordó su destitución. Terminada la sesión, con 102 votos por la vacancia -deberían haber sido 104- se vacó a Pedro Castillo y su vicepresidente, Dina Boluarte asumió la presidencia.
La respuesta fue casi inmediata. En Lima como en las regiones del centro y el sur andino las manifestaciones no fueron contra la vacancia, sino exigiendo a Dina Boluarte que renuncie para que automáticamente el presidente del congreso, el ex militar José Williams Zapata, asuma la presidencia y convoque a nuevas elecciones.
Era la respuesta adecuada, porque el centro y el sur andino, mayoritariamente en la primera vuelta había votado por Perú Libre, alcanzado en Ayacucho, por ejemplo, donde los tres congresistas fueron de esa organización. Defendían su voto, y el rechazo al congreso. Las consignas entonces, mayoritariamente no eran la vuelta de Castillo, sino “que se vayan todos”.
La reacción del gobierno de Dina Boluarte fue una dura represión. En Lima a las marchas que intentaban llegar al congreso por la avenida Abancay se las disolvió con bombas lacrimógenas y escopetas lanza perdigones. El uso de armas de guerra, como fusiles, comenzó en Andahuaylas, donde se registraron las primeras muertes en las cercanías del aeropuerto de esa ciudad. Todos eran jóvenes que no participaban en ninguna movilización.
En Ayacucho, el 15 de diciembre, miles de ciudadanos se reunieron en el centro, pese a que estaba cercado por la policía y el ejército. Luego de una movilización pacífica, se desplazaron hacia el aeropuerto, para tomar la pista e impedir que aterricen los aviones. La medida era en realidad inoportuna, porque la posibilidad de mantener un aeropuerto inutilizado era imposible, como lo demostró el desalojo posterior que lo hicieron con bombas lacrimógenas. Era innecesario el uso de armas de fuego, porque no existió enfrentamientos.
Las muertes ocurrieron en diferentes horas de ese trágico 15 de diciembre. Las imágenes de las cámaras de seguridad son contundentes. Ninguno cayó en un “supuesto enfrentamiento” como indicó una periodista de canal N, justificando las muertes de ayacuchanos. Todos los muertos fueron por disparos a la distancia, las balas ingresaron por la espalda a gente de huía, o como en el caso de adolescente de 15 años, cuando cruzaba una calle, luego de salir de trabajar en el cementerio, para ir a su caza.
Con toda razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la ha calificado de Masacre, porque no existía ninguna intensión, de atacar a los efectivos del ejército y los pocos que habían ingresado a la pista sur del aeropuerto ya habían sido desalojados con bombas lacrimógenas lanzadas por helicópteros.
¿Quién dio la orden de disparar a matar a los ciudadanos? Esta decisión alcanza a los niveles más altos, y llega directamente a la presidenta del país, la señora Dina Boluarte, al Primer ministro de ese entonces y al ministro de Guerra. Son los tres principales responsables, y debajo de ellos, los que acataron estas ordenes y las ejecutaron: los militares que actuaron en Ayacucho.
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La investigación de la fiscalía avanzó rápidamente en Ayacucho, pero esta se paralizó cuando la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, dispuso que todas las investigaciones sobre los asesinatos ocurridos en los meses de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023, sean trasladadas a Lima, con el riesgo incluso de que se pierdan pruebas que involucran a agentes del estado.
Además, denunció a la presidenta por genocidio, sabiendo que esta denuncia sería archivada, en lugar de acusar a la presidenta Dina Boluarte por asesinato como autora mediata. El delito es, el caso de Ayacucho, asesinato que alcanza el nivel de masacre, no sólo porque las protestas fueron, como dice la CIDH, reprimidas haciendo uso desproporcionado y letal de parte de los agentes del estado, sino que, se hizo contra personas que se retiraban o que retornaban a sus viviendas y en una zona residencial, como son la urbanización Jardín, el barrio de Conchopata y el barrio del cementerio de Ayacucho.
Los familiares de los 10 muertos y de las decenas de heridos, están reclamando justicia y reparación. La justicia es la sanción a quienes dispusieron desde los más altos niveles de poder el uso de armas letales no sólo para disuadir a los que protestaban, sino, como se muestra en los videos, escogieron a sus víctimas y les dispararon desde más de 80 metros. Era, según algunos que lograron encontrar un refugio seguro ese trágico día, una cacería de humanos, como si fueran piezas de caza o fieras salvajes.
En lugar de condolerse por el dolor de los familiares, la presidenta desde el primer momento sacó a relucir ese discurso de odio que califica a cualquiera que cuestione su gobierno de “terruco”, incluyendo a quienes han sido incluso víctimas del terrorismo en los años del conflicto armado. Hace uso de un discurso anticomunista, y firma acuerdos de libre comercio con países gobernados por partidos comunistas como la República Popular de China y la República Socialista de Vietnam.
La derecha fujimorista, para deslegitimar a los partidos de oposición, los condenan por ser solidarios con Venezuela, castigada por sanciones impuestas por Estados Unidos a ese país, cuya economía ha sido destruida. Olvidan que el gobierno de Hugo Chávez, algo que si se debería condenar, dio asilo a Vladimiro Montesinos, el socio de Alberto Fujimori, cuando se conoció toda la red que ambos tejieron para corromper el Perú. Porque las relaciones de Chávez con Fujimori eran sólidas, como lo muestra el baile del “trencito” en que participa una joven Keiko Fujimori.
