En Ayacucho se cometieron crímenes de lesa humanidad | Editorial
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En Ayacucho se cometieron crímenes de lesa humanidadNo todos los muertos participaron en las movilizaciones
Un día después, el 15 de diciembre, una marcha anunciada días antes, fue reprimida cuando un grupo de manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de
la ciudad y fueron disueltos con gases lacrimógenos lanzados desde un helicóptero. Posteriormente efectivos del ejército disparos armamento militar (fusiles Galil), contra la población, tanto manifestantes que huían como de otros que retornaban a sus domicilios.
De los 10 fallecidos, 9 eran el principal sostén económico de cada núcleo familiar. Por el estado de emergencia, se suspendieron los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Esta actuación de las fuerzas del orden ha sido calificada, por la Misión de Solidaridad Internacional de los Derechos Humanos, como un accionar desmedido y extremadamente violento. Todos fallecieron por el impacto de un proyectil de arma de fuego disparado a la parte superior del cuerpo: tórax, abdomen y cabeza. Eso sustenta el argumento, de la “intención de matar” por parte del ejército y/o policía nacional. Se trata de un desproporcionado y desmedido ataque sobre manifestantes ejerciendo su derecho a la protesta y/o población civil e indefensa, indica el informe
Hay víctimas que no participaban siquiera de la manifestación, como Cristofer Ramos Ayme, quien volvía de su trabajo informal en el cementerio ubicado frente al aeropuerto o José Luis Aguilar Yucra, quien también volvía de trabajar; o Edgar Wilfredo Prado Arango que vivía a pocas cuadras del aeropuerto y se encontraba brindando asistencia a personas heridas que estaban en la calle de su barrio.
El terruqueo, para estigmatizar a los pobladores
Muchos medios de comunicación, han justificado la muerte de los manifestantes en Ayacucho, y a través de sus redes sociales de algunos “políticos reconocidos”, quienes han calificado de un acto terrorista el intento de tomar el aeropuerto. Y por lo tanto, los manifestantes eran terroristas, que obedecían a un plan para capturar el poder e imponer una dictadura comunista.
La situación parece en calma, pero el miedo es generalizado, por la historia reciente, y en especial porque algunos sectores de la derecha peruana y citadinos de clase media en las ciudades de la sierra, como Ayacucho, utilizan una estigmatización sistemática sobre las víctimas, familiares, organizaciones y/o manifestantes de ser “terrucos” (terroristas) y “vándalos”. Esa estigmatización no sólo deslegitima las justas demandas del pueblo peruano, sino que habilita el uso de la violencia por parte del ejército peruano y la policía nacional, es la que justifica crímenes y profundiza la persecución política e ideológica, agrega el informe.
En Ayacucho, en la década del sesenta se formó el Frente de Defensa del Pueblo, para reclamar tres demandas: la titulación de las laderas, agua y luz. A estos agregaron, la defensa de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a la que habían reducido su presupuesto, ya que existía el rumor de un posible cierre, por exigencia del clero conservador y la elite ayacuchana. Estos grupos crearon una universidad, que inicialmente se denominó Universidad Católica de Ayacucho y posteriormente Universidad Particular de Ayacucho, y finalmente fue clausurada y sus estudiantes transferidos a la Universidad San Cristóbal.
El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), es una central popular. La historia se repite, durante el conflicto armado interno, sus dirigentes también fueron estigmatizados y acusados por terrorismo. Por esta estigmatización, la PNP detuvo a Rocío Leandro Melgar (53), presidenta del FREDEPA, junto a seis (6) dirigentes más de la comisión directiva: Alejandro Manay Pillaca (35), Piero Giles Gamboa (22), Estefany Alanya Chumbes (31), Yulisa Gómez Ayala (21), Fernando Quinto Cuba (32) y Alex Gómez Falcón (35). Tales detenciones arbitrarias, se dieron en distintos lugares, de manera violenta, sin orden judicial y no cumpliendo con los protocolos de detención. Las personas detenidas no fueron trasladas a la Comisaría sino al cuartel “Los Cabitos”, una base militar donde funcionó un centro de detención y tortura clandestino de los años 80, registrándose allí torturas de variadas formas. Por la madrugada, fueron finalmente trasladadas a la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la PNP, en la Ciudad d
e Lima.
Para el informe presentado por la Misión de Solidaridad Internacional de los Derechos Humanos, la detención de los dirigentes del FREDEPA no tiene sustento probatorio para las acusaciones ni logran determinar los presupuestos materiales para la aplicación de la prisión preventiva. Se basan en los testimonios recibidos y las pruebas recabadas en Ayacucho.
De los 10 fallecidos, 9 eran el principal sostén económico de cada núcleo familiar. Por el estado de emergencia, se suspendieron los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Esta actuación de las fuerzas del orden ha sido calificada, por la Misión de Solidaridad Internacional de los Derechos Humanos, como un accionar desmedido y extremadamente violento. Todos fallecieron por el impacto de un proyectil de arma de fuego disparado a la parte superior del cuerpo: tórax, abdomen y cabeza. Eso sustenta el argumento, de la “intención de matar” por parte del ejército y/o policía nacional. Se trata de un desproporcionado y desmedido ataque sobre manifestantes ejerciendo su derecho a la protesta y/o población civil e indefensa, indica el informe
Hay víctimas que no participaban siquiera de la manifestación, como Cristofer Ramos Ayme, quien volvía de su trabajo informal en el cementerio ubicado frente al aeropuerto o José Luis Aguilar Yucra, quien también volvía de trabajar; o Edgar Wilfredo Prado Arango que vivía a pocas cuadras del aeropuerto y se encontraba brindando asistencia a personas heridas que estaban en la calle de su barrio.
El terruqueo, para estigmatizar a los pobladores
Muchos medios de comunicación, han justificado la muerte de los manifestantes en Ayacucho, y a través de sus redes sociales de algunos “políticos reconocidos”, quienes han calificado de un acto terrorista el intento de tomar el aeropuerto. Y por lo tanto, los manifestantes eran terroristas, que obedecían a un plan para capturar el poder e imponer una dictadura comunista.
La situación parece en calma, pero el miedo es generalizado, por la historia reciente, y en especial porque algunos sectores de la derecha peruana y citadinos de clase media en las ciudades de la sierra, como Ayacucho, utilizan una estigmatización sistemática sobre las víctimas, familiares, organizaciones y/o manifestantes de ser “terrucos” (terroristas) y “vándalos”. Esa estigmatización no sólo deslegitima las justas demandas del pueblo peruano, sino que habilita el uso de la violencia por parte del ejército peruano y la policía nacional, es la que justifica crímenes y profundiza la persecución política e ideológica, agrega el informe.
En Ayacucho, en la década del sesenta se formó el Frente de Defensa del Pueblo, para reclamar tres demandas: la titulación de las laderas, agua y luz. A estos agregaron, la defensa de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a la que habían reducido su presupuesto, ya que existía el rumor de un posible cierre, por exigencia del clero conservador y la elite ayacuchana. Estos grupos crearon una universidad, que inicialmente se denominó Universidad Católica de Ayacucho y posteriormente Universidad Particular de Ayacucho, y finalmente fue clausurada y sus estudiantes transferidos a la Universidad San Cristóbal.
El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), es una central popular. La historia se repite, durante el conflicto armado interno, sus dirigentes también fueron estigmatizados y acusados por terrorismo. Por esta estigmatización, la PNP detuvo a Rocío Leandro Melgar (53), presidenta del FREDEPA, junto a seis (6) dirigentes más de la comisión directiva: Alejandro Manay Pillaca (35), Piero Giles Gamboa (22), Estefany Alanya Chumbes (31), Yulisa Gómez Ayala (21), Fernando Quinto Cuba (32) y Alex Gómez Falcón (35). Tales detenciones arbitrarias, se dieron en distintos lugares, de manera violenta, sin orden judicial y no cumpliendo con los protocolos de detención. Las personas detenidas no fueron trasladas a la Comisaría sino al cuartel “Los Cabitos”, una base militar donde funcionó un centro de detención y tortura clandestino de los años 80, registrándose allí torturas de variadas formas. Por la madrugada, fueron finalmente trasladadas a la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la PNP, en la Ciudad d
e Lima.
Para el informe presentado por la Misión de Solidaridad Internacional de los Derechos Humanos, la detención de los dirigentes del FREDEPA no tiene sustento probatorio para las acusaciones ni logran determinar los presupuestos materiales para la aplicación de la prisión preventiva. Se basan en los testimonios recibidos y las pruebas recabadas en Ayacucho.
Publicado en: EDITORIAL
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Modificado por última vez en Sábado, 18/03/2023
