Los conflictos armados, como el que vivió el Perú entre 1980 y 2000, con atentados, apagones, asesinatos de autoridades, desaparición forzada de personas y matanzas en comunidades campesinas, como Lucanamarca, Huamanguilla, Chungui para citar algunas cometidas por sendero luminoso, o de Accomarca, Cayara, Putis entre otras, ejecutadas por agentes del estado, afectó seriamente la salud mental, de los familiares y vecinos de las víctimas.
Leer también: Piden dar prioridad a la salud mental tras los últimos hechos de sangre
Pese a las recomendaciones de la CVR y de instituciones independientes como los colegios profesionales y las organizaciones vinculadas con los derechos Humanos, la salud mental, tanto individual como colectiva, no ha sido asumida con responsabilidad por el estado, pese a la vulnerabilidad en la que han quedado cientos de familias.
Leer también: Carta al director | EDITORIAL
Los conflictos armados no sólo generan muertes, heridas y discapacidades físicas, sino que también dejan huellas en la vida de las personas ligadas a la víctima, especialmente familiares, tanto de integrantes de las organizaciones subversivas, como de los mismos agentes del estado, cuyo tratamiento es importante para las familias y la sociedad.
Leer también: Wiñasun: Salud mental y física, dos pilares para el bienestar humano
Un grupo importante están constituidos también por las poblaciones desplazadas de las zonas rurales durante el conflicto armado interno, que han cambiado el paisaje urbano de la ciudad capital de la región: Huamanga que en 1980 tenía 80 mil habitantes, y en el 2000 superaba los 200 mil, y en la actualidad llega a los 300 mil. ¿Cuánta es la población desplazada que se ha instalado en Ayacucho? Saber la cantidad de familias, su ubicación y las condiciones de vida, es importante, como la adaptación a la vida urbana.
Leer también: Veinte años después | EDITORIAL
Las secuelas de los conflictos armados deben, por tanto, trabajarse de manera individual y colectiva. Para ello se requiere tener el personal profesional, que en el caso particular del Perú y en especial Ayacucho, que este personal profesional domine el idioma quechua. Y mejor, que el quechua sea su lengua materna.
Existen muchos prejuicios en la sociedad, frente a la atención mental post conflictos armados. Se enfoca principalmente como un problema psiquiátrico, que existe, pero sólo en los casos más graves. La gran mayoría requiere ser atendida, desde el sector salud, con propuestas de intervención psicosocial a nivel de resiliencia.
Leer también: Dos Bukeles y un Milei para el Perú propone Fuerza Popular | EDITORIAL
Y para que esto se ejecute, no puede estar ausente la universidad de Huamanga, cuya misión es formar los profesionales, tanto a nivel de pregrado como posgrado, para atender los potenciales daños en la salud mental, ocasionados por el conflicto armado y el posterior desplazamiento de poblaciones rurales afectadas.
La UNSCH debe crear una escuela de Psicología y abrir una maestría en salud mental para profesionales en Trabajo social, antropología, educación y enfermería. Esta sería una contribución importante de la casa cristobalina a la sociedad ayacuchana.
