Hace 20 años, el 28 de agosto, concluyó el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el presidente de ese organismo, el doctor Salomón Lerner, acompañado de los comisionados, entregó el Informe Final al presidente de la república Alejandro Toledo, en el Palacio de Gobierno, en una ceremonia especial.
El informe, ese mismo día, fue entregado al presidente del Congreso de la República, al presidente de la Corte Suprema, al Fiscal de la Nación, se publicó en la página web de la CVR, para que todos los ciudadanos tengan conocimiento de su trabajo. Las entrevistas recogidas de las víctimas, y los testimonios en las Audiencias Públicas, grabados y traducidos al español -cuando se recogieron en quechua o ashaninka-, fueron entregados en custodia a la Defensoría del Pueblo.
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La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe final, presentó un capítulo de conclusiones y otro de recomendaciones, para que esta tragedia, que enlutó a decenas de miles de familias en todo el Perú, pero de manera especial en el departamento de Ayacucho, no se vuelva a repetir, bajo el principio de que se conozca la historia para no cometer los mismos errores.
La verdad está sustentada en todo el informe. De forma detallada analiza los casos más emblemáticos, en base a la información de los propios protagonistas, las víctimas y los depredadores, aun cuando, estos últimos se han negado en repetidas oportunidades a reconocer, que actuaron con una violencia inusual violando los derechos humanos.
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Así en las conclusiones indican “que la decisión del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar la denominada «guerra popular» contra el Estado fue la causa fundamental para el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú, contra los intereses de la inmensa mayoría de peruanos y peruanas”.
Agrega el informe “el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos. La ideología y estrategia del PCP-SL fueron causa de hechos atroces, y la generalidad y sistematicidad de estas prácticas demuestran fehacientemente (…) que miembros del PCP-SL y en especial su dirección nacional y su denominada «jefatura» tienen directa responsabilidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Así, la “…perfidia con la que actuó el PCP-SL en el terreno, escudándose en la población civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traición, entre otros métodos similares como el recurso a acciones terroristas, constituyó un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil, incrementando en una forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos territorios se llevaban a cabo las hostilidades”
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Por estos argumentos, y otros más semejantes, personas cercanas al PCP-SL, calificaron que el informe de la CVR era parcializado y buscaba encubrir los crímenes cometidos por agentes del estado, como la policía, el ejército y la marina. Lo que es completamente falso.
El principal problema, es que, desde el Estado, los gobiernos han buscado la impunidad de los crímenes cometidos en el conflicto armado interno por las fuerzas represivas: la policía, el ejército y la marina, siendo los más graves, la detención, tortura y desaparición de personas, las matanzas indistintas contra poblaciones indefensas de comunidades campesinas, especialmente quechuas, dando muerte a hombres, mujeres, niños y ancianos”.
Por eso en las recomendaciones se indica que “la reconciliación y el perdón no equivalen a impunidad”. Se indica que “es necesario que la justicia sancione a los perpetradores”, indistintamente su grado militar o policial. Esto es una condición para la reconciliación, porque la impunidad abre las puertas a que esto se repita, en cualquier escenario futuro, como lo hemos visto en las movilizaciones de diciembre del 2022 y enero, febrero y marzo del presente año.
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“La justicia posibilita la reconstrucción o refundación de un verdadero acuerdo o pacto social, en el que desaparezcan el encubrimiento, la falsedad y la desconfianza, condiciones de la fractura social que constituyó el terreno de cultivo del conflicto armado interno”, precisa la CVR en sus recomendaciones.
Agrega que la impunidad, “como la ley de amnistía de 1995” dada en el gobierno de Alberto Fujimori “tergiversan gravemente todo el sentido de la justicia, el perdón y la reconciliación”. Por eso “la impunidad es rechazada y percibida como un obstáculo del proceso de reconciliación del país”.
La CVR, señaló que “(estas) distinciones esenciales no son comprendidas del todo por diversos sectores de la población, especialmente por aquellos directamente involucrados y enfrentados en el conflicto interno armado. Desde muy distintos frentes existen presiones para comprender la reconciliación, como perdón o amnistía, en beneficio de sus respectivas perspectivas”.
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Por eso, es importante que desde el Estado se promueva “(una) intensa pedagogía (…) para despejar estos malentendidos nocivos que pueden obstaculizar un cabal proceso de reconciliación”.
En los 20 años no se ha hecho nada en favor de la reconciliación. Por el contrario, desde la extrema derecha, especialmente desde el fujimorismo, el APRA y Acción Popular, se ha promovido el “terruqueo” contra todos los que proponen cambios a la Constitución de 1993 o que buscan justicia desde los organismos de derechos humanos. Además niegan o justifican los crímenes de lesa humanidad, desde el estado.
La reconciliación pasa por el perdón, y eso tiene como premisa, el reconocimiento de la culpabilidad por parte del que pide perdón y el compromiso de no volverlo a cometer. Si los perpetradores de los crímenes y violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno, no reconocen su culpabilidad y responsabilidad, toda aspiración a la reconciliación del país, no será posible.
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