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jueves, junio 20, 2024
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“El Estado debe dejar de ser propietario del subsuelo”

Una modificación a la Constitución Política del Perú propone el congresista no agrupado, Alex Flores, para que el estado deje de ser propietario del subsuelo, incluso del aire, y estos sean, en el caso del actual conflicto de las comunidades con las empresas mineras, propiedad de las comunidades campesinas y nativas.

Indica que con esta medida terminarían los conflictos entre los campesinos, dedicados en su mayoría a la agricultura y ganadería, quienes decidirían si una empresa minera o mineros individuales explotan los recursos mineros que existan en las comunidades, sin que se requiera la intervención del Estado, que se limitaría a garantizar la propiedad de las comunidades.

 

De aprobarse la modificación de la constitución, el Perú sería uno de los pocos países en el mundo donde la propiedad de los recursos naturales pasaría a ser propiedad privada, aun cuando estas sean las comunidades, que podrían en el futuro vender los terrenos que tienen en el subsuelo el recurso natural, dejando al estado fuera de toda injerencia.

Lo peligroso es que, con esta modificación, empresas transnacionales podrían convertirse no en concesionarios por un plazo fijo, sino en propietarios permanentes del recurso natural. Algo similar se vivió en el Perú en la primera mitad del siglo XX, cuando una empresa norteamericana, la Standard Oil Company, con sede en Nueva Jersey, adujo ser propietaria de los pozos petrolíferos de La Brea y Pariñas, y prácticamente la ciudad de Talara fue un enclave de Estados Unidos en el Perú, situación que se resolvió el 9 de octubre de 1969, cuando el ejército, luego del golpe de Juan Velazco Alvarado, recuperó para el país tanto La Brea y Pariñas como Talara.

 

Las afirmaciones del congresista Alex Flores deben tomarse con cuidado, porque podrían terminar privatizando todos los recursos naturales, que son muchos. Los tenemos como propiedad de la nación, y son todos los recursos naturales que están en el territorio peruano, incluido el zócalo continental y las 200 millas marinas, que pasarían a privados o comunidades, sin capacidad de enfrentar la voracidad de las transnacionales.

Estos recursos son, por ejemplo, todos los minerales, metálicos y no metálicos, salinas, combustibles fósiles, y también el espacio aéreo. ¿Tendrán las comunidades la capacidad de negociar con las transnacionales la explotación de estos recursos?

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Hay que ver no solo la solución de hoy, sino las perspectivas futuras, y ese es el tema que debe primar. El Estado puede jugar un rol importante, con normas que obliguen a las empresas a incorporar como accionistas a las comunidades o a los comuneros individualmente, de manera que se garantice que, durante el periodo de explotación del recurso, estos tengan ingresos que compensen las pérdidas de sus tierras, sean dedicadas a la agricultura o ganadería.

Asimismo, se podría modificar la ley actual de minería, para que las empresas constituyan centros urbanos en la cercanía del yacimiento minero, donde vivan los trabajadores con sus familias, y sean de esta manera un poblado de referencia para las comunidades, con servicios de educación y salud, además de ser un mercado para los productos agrarios de la zona.

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