Editorial | Jornada
[email protected]
Cuando Max Weber afirmó que el estado tenía el monopolio de la violencia, y que podía ejercerlo contra los habitantes de su estado, no se había escrito y menos aceptado La Declaración Universal de Derechos Humanos, por los estados miembros de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 10 de diciembre de 1948.
Dina Boluarte podría tener toda la razón, cuando justifica la violencia ejercida por miembros del ejercito y de la policía, que han utilizado la violencia, con armamento letal, para preservar el orden en las ciudades de Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca. Pero para que tenga toda la razón debería ser la presidente de los oscuros años 30.
Hoy las cosas han cambiado. Hoy el estado, y eso debe saberlo la señora Boluarte no puede ejercer el derecho de matar a las personas sin el debido proceso. Matar sin una orden judicial, y en el caso peruano, por traición a la patria en un conflicto exterior, es el único delito que permite la ejecución de una persona.
No sabemos quién la asesora, pero posiblemente sea el presidente del Consejo de Ministros y ex Ministro de Defensa cuando ocurrieron esas ejecuciones extrajudiciales, Alberto Otárola. Pero ambos, terminado su periodo, tendrán que enfrentar los juicios que les abrirá la fiscalía o los familiares de los fallecidos por crímenes de lesa humanidad.
Puede por hoy dormir tranquila, porque se sabe blindada por los poderes fácticos, pero eso no va durar toda la vida. Y de nada valen las justificaciones que hace al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando que fueron daños colaterales.
Para explicarle mejor a la señora presidenta, un daño colateral, es cuando en un enfrentamiento, en el cual ambos bandos tienen armamento similar, una bala perdida, alcanza a un civil que no tiene nada que hacer en ese enfrentamiento. Eso es un daño colateral, señora presidente y no cuando se apunta a una persona y se dispara a matar, como ha sucedido en Ayacucho.
Nos parece vergonzoso que la persona que gobierna el país, salga con semejante declaración, demostrando total ignorancia de lo que es crimen de lesa humanidad, porque dígase de paso, es abogada. Si no ha llevado un curso de derechos humanos en su universidad, ya nos imaginamos en qué tipo de universidad estudio leyes.
Los familiares de las víctimas, señora Boluarte, y miles de ciudadanos van a firmar una petición para que sea usted juzgada por una corte interamericana por crímenes de lesa humanidad. No es una amenaza, es resultado de la simple lógica, porque a veces la justicia tarda, pero llega.
