Las declaraciones del gobernador regional, indicando que el no reconoce la existencia de frentes de defensa, organismos reconocidos en varias instancias del gobierno nacional, como es la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, obliga a preguntar al gobernador regional de Ayacucho, si es consciente que está transgrediendo un artículo de la Ley de Bases de la Descentralización.
Porque esta norma, es clara en su artículo 17 numeral 1, que textualmente indica:
“Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.
Y en el numeral 2 precisa: “Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos de conformidad con la Constitución y la ley de la materia, la participación de los ciudadanos se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los que los gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a ley”.
Que se sepa, no existe ninguna ley que prohíba la existencia de los Frentes de Defensa, como el de Ayacucho, que el gobernador dice desconocer, cuando esta institución popular, fue reconocida por el primer gobierno regional, instalado luego de caída la dictadura de Fujimori y Montesinos, de Omar Quesada y siguió en el gobierno de Ernesto Molina.
Fue en ese periodo (2006-2010), que el gobierno de Molina, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, entre estas el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, construyeron la agenda Wari, y la gran marcha de los Waris a Lima, para exigir al presidente Alan García Pérez, más recursos para la región Ayacucho.
Junta de Usuarios de Coracora rechaza paro para impedir audiencia
La suspensión de la Audiencia Pública Regional Descentralizada de Rendición de Cuentas, que estaba programada para el 29 de este mes, responde a esta lógica del gobierno regional, donde no se acepta la participación ciudadana y se cree que el voto en las elecciones es un cheque en blanco, y no es así.
Se trata de un razonamiento autoritario, propio de los enemigos de la democracia, de personas que consideran que el poder debe ser ejercido verticalmente, dejando de lado las bases de la democracia participativa, que es la forma moderna como se entiende la democracia.
