Huamanga y Huanta figuran entre las provincias con mayor recurrencia de tráfico ilícito de fauna silvestre en la región Ayacucho, una actividad que continúa afectando la biodiversidad y moviliza de forma constante a las autoridades ambientales, policiales y fiscales.
La extracción y comercialización ilegal de animales silvestres se mantiene como una de las principales amenazas contra la fauna regional. Según informó el biólogo Wilbert Torres Cáceres, especialista en gestión de fauna silvestre de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre (DRFFS) de Ayacucho, este delito se sustenta en redes que capturan ejemplares en su hábitat natural para luego lucrar con su venta, muchas veces en condiciones precarias.
El especialista explicó que el tráfico ilícito no solo involucra a quienes extraen y comercializan, sino también a quienes adquieren estos animales sin conocer —o sin verificar— su origen legal. Esta cadena termina debilitando poblaciones silvestres y genera un problema de salud y bienestar animal, ya que muchos ejemplares no sobreviven al cautiverio doméstico.
Durante el año 2025, las autoridades regionales rescataron entre 45 y 50 ejemplares vivos de fauna silvestre en Ayacucho. Varios de ellos fueron abandonados por personas que no pudieron mantenerlos cuando enfermaron o crecieron, una práctica que obliga a la intervención del Estado para su recuperación y atención especializada.
Tras cada rescate, la autoridad forestal elabora actas de intervención o hallazgo y evalúa el estado de los animales. Posteriormente, los ejemplares son entregados en custodia temporal a centros de cría autorizados. En Ayacucho, esta labor se articula principalmente con el Parque Zoológico La Totorilla, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y el Parque Natural Zoológico de Sivia, administrado por la municipalidad local.
Las acciones de control se desarrollan de manera conjunta con municipalidades, médicos veterinarios, la Policía de Protección del Medio Ambiente y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Estas instituciones también realizan labores de sensibilización en ferias, clínicas veterinarias y espacios comerciales donde se ha detectado la presencia de fauna silvestre en venta.
Además de Huamanga y Huanta, se han reportado casos en provincias como Vilcashuamán y Víctor Fajardo, donde el tráfico se concentra en especies propias de la zona andina, como aves rapaces y psitácidos —loros y similares—, frecuentes en los valles interandinos.
A nivel nacional, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) ha advertido que el tráfico ilegal de fauna es uno de los delitos ambientales más recurrentes en el país. De acuerdo con reportes oficiales, cada año se incautan miles de animales silvestres en distintas regiones, siendo aves y reptiles las especies más afectadas. El Perú forma parte, además, de las rutas de tráfico que abastecen mercados ilegales internos y externos.
La legislación vigente prohíbe la tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre por personas naturales, salvo que los animales provengan de centros de cría autorizados. Las sanciones administrativas pueden alcanzar entre 10 y 5 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), mientras que el Código Penal contempla penas de prisión de tres a cinco años, con agravantes según el caso.
Las autoridades exhortan a la población a no adquirir animales silvestres y a denunciar cualquier caso de retención o comercio ilegal ante la comisaría más cercana, la Policía de Protección del Medio Ambiente, la Fiscalía Ambiental o mediante la plataforma Alerta Serfor.
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