Detrás de los muros de los penales y en hogares marcados por la pobreza extrema, la infancia muchas veces carga con las consecuencias de los errores y carencias de los adultos. En Huanta, al menos cinco niños y adolescentes fueron identificados recientemente en situación de desprotección, enfrentando problemas graves que ponían en riesgo su desarrollo y sus derechos fundamentales.
Uno de los casos más conmovedores es el de M. A. C. E., una niña de apenas 3 años, cuyos padres cumplen condena en diferentes establecimientos penitenciarios —la madre en Huanta y el padre en Yanamilla—.
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Ella no contaba con el reconocimiento paterno en su acta de nacimiento, lo que la dejaba sin identidad legal y sin acceso a programas sociales. Tras gestiones efectuadas por la Defensoría, en apenas tres días se logró concretar el reconocimiento voluntario de su padre y la entrega de una nueva acta de nacimiento.
Situación similar vivió I. A. J. S. P., de apenas un año, hijo de una interna del penal de mujeres de Huanta. El pequeño tampoco tenía reconocimiento paterno y su situación legal era incierta. Ahora recién cuenta con una partida de nacimiento que asegura su derecho a ser reconocido como ciudadano y acceder a beneficios sociales.
La historia de J. H. Z., de 9 años, refleja otra cara de la desprotección: la salud. Hijo de una interna del penal de Ayacucho, el menor presenta signos de deficiencia intelectual y hasta hace poco no recibía atención especializada. Ahora se encuentra en proceso de evaluación psicológica y tratamiento, lo que permitirá gestionar su carné del CONADIS y garantizarle atención en salud mental.
En otro caso, un adolescente de 15 años identificado como R. P. Q., con discapacidad severa, había quedado excluido del programa Contigo por trabas administrativas, pese a la difícil situación económica de su madre. Finalmente, pudo ser inscrito y hoy accede a la asistencia económica que le corresponde para cubrir parte de sus necesidades básicas.
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Cada uno de estos casos revela realidades silenciosas: menores que cargan con cadenas invisibles de abandono, pobreza o falta de identidad. Si bien las intervenciones recientes permitieron restituirles derechos fundamentales como la identidad, la salud y el acceso a programas sociales, aún queda pendiente un reto mayor: que la sociedad y las autoridades no los dejen nuevamente en el olvido.
La Defensoría, en el marco del programa Rompiendo Cadenas, ejecutó diversas acciones orientadas a proteger los derechos de hijos de personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios de la región Ayacucho, principalmente en materia de derecho a la identidad, salud mental y acceso a programas sociales.
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