Luis Tacuri Yupanqui
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La Contraloría General de la República, a través del informe N° 009-2023, advirtió una serie de irregularidades en la caducidad y prescripción de expedientes administrativos sancionadores dentro de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ayacucho (DRTPE) que estaría dejando un perjuicio económico de más de 17 millones de soles.
La Acción de Oficio Posterior corresponde a un post servicio de control programado en el Plan Anual de Control 2023 del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional.
Todo ello fue registrado en el Sistema de Control Gubernamental, en el marco de lo previsto en la directiva N°023-2022, aprobada mediante la resolución N° 331-2022 de la Contraloría.
El hecho irregular evidenciado en este informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por el equipo a cargo del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, la cual habría sido señalada en el rubro III del presente informe y se encuentra en Secretaría Técnica de la DRTPE.
Según la entidad, como resultado de la evaluación de los hechos reportados se identificó la existencia de irregularidades que ameritan que el director de la DRTPE adopte las acciones necesarias respecto a la declaración de caducidad y prescripción de expedientes administrativos sancionadores.
En esa línea, la Contraloría alertó que la inacción de la Subdirección de Inspección Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador, traería como consecuencia que la DRTPE se quede sin cobrar multas, de aproximadamente S/ 17 758 593.00.
La Contraloría informó que la referida Subdirección habría emitido las órdenes de inspección correspondientes para determinadas empresas a fin de que los inspectores de trabajo verifiquen el cumplimiento de las normativas socio laborales en relación a sus trabajadores, habiendo sido incumplidas presumiblemente.
Como evidencia de ello, fue la emisión de las actas de infracción, derivadas de las actuaciones de investigación o comprobatorias de las verificaciones de trabajo efectuadas por los inspectores con multas propuestas, que fueron en algunos casos ratificados y/o modificados mediante resoluciones directorales emitidas por la citada subdirección.
El director de la entidad deberá adoptar las acciones que correspondan a fin de que Secretaría Técnica priorice el procedimiento administrativo disciplinario y sancionador contra los responsables que dejaron prescribir y caducar los expedientes sancionadores y que fueron resueltos como tal por la Subdirección de Inspección Laboral.
Se sabe que fueron un total de 268 las empresas que ofrecen diferentes servicios, las mismas que se sometieron a esta inspección con multas que llegan alrededor de un millón de soles; no obstante, están en proceso de investigación preliminar. Cada una de ellas cuenta con una resolución subdirectoral que declararon la prescripción de los expedientes administrativos.
CONSECUENCIAS
La Contraloría precisó que, como consecuencia de los actuados, se habría iniciado el procedimiento administrativo sancionador solo en algunos casos, pero estas se encontraría en las etapas de inicio, conforme se tiene de los autos subdirectorales, memorandos o informales finales.
Además, de descargos remitidos por los presuntos responsables o solamente con acta de infracción, entre otros actos administrativos, los cuales no habrían sido objeto de atención en los plazos establecidos, de acuerdo a los dispuesto en la Ley N° 28806 y su reglamento, en concordancia con el Texto Único Ordenado (TUO).
“Se debe tener presente, en lo correspondiente a la administración de responsabilidades por la afectación a los bienes y/o indemnización de daños y perjuicios ocasionados serán determinadas en el proceso judicial, siempre y cuando se hayan definido las responsabilidades administrativas que conllevaron a determinar el perjuicio económico de 17 millones de soles”, se lee en el informe.
Diario Jornada intentó obtener la versión del director de la DRTPE respecto a este informe de la Contraloría, que se dio en el periodo del 17 de mayo al 30 de noviembre del año pasado; sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta.
