En 2019, el entonces presidente Martín Vizcarra tomó la histórica decisión de disolver el Congreso en un contexto de profundas tensiones políticas y luchas contra la corrupción. Esta medida se basó en el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que le otorgaba la facultad de disolver el Congreso tras la censura y negativa de la cuestión de confianza a dos Consejos de ministros, como ocurrió en ese entonces.
Para muchos, la disolución del Congreso fue una acción necesaria para enfrentar los altos niveles de corrupción en el país. Sin embargo, para otros, representó una amenaza para la estabilidad democrática de la nación. Hoy, a más de cinco años de ese evento, el Congreso de la República evalúa si proceder o no con la denuncia por la disolución, esta medida es impulsada principalmente por legisladores de la bancada de Fuerza Popular.
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El informe final, elaborado por el congresista Héctor Ventura, plantea la inhabilitación de Martín Vizcarra por 10 años y de los exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos por 5 años, debido a una presunta infracción a la Constitución Política del Perú. Este informe, que podría significar un cambio crucial en la política peruana, fue inicialmente programado para ser votado este martes 14 de enero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Sin embargo, debido a la ausencia de Héctor Ventura, la sesión fue reprogramada para el martes 21 de enero.
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Este proceso ha desatado un intenso debate: ¿Es justa la inhabilitación como una medida de responsabilidad constitucional, o se trata de una estrategia para evitar que estas figuras políticas participen en las próximas elecciones generales? ¿Qué opinas sobre la posible sanción a Vizcarra, Del Solar y Zeballos?
