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martes, julio 16, 2024
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La impunidad avanza a pasos agigantados | EDITORIAL

El pronunciamiento de la fiscalía de la nación, respaldado por los presidentes de las juntas de fiscales, supremos, superiores y provinciales, contra el proyecto de ley que convertirá al congreso en el superpoder, por encima del ejecutivo y el judicial, ha sido denunciado por algunos congresistas y organizaciones gremiales y sindicales.

A esta norma, que aún se mantiene en la subcomisión de constitución, le permitiría al congreso manejar a su antojo a los magistrados, ya que los senadores elegidos el 2026, tendrán el poder de nombrara a los jueces supremos, así como de revocarlos.

La pasividad de los peruanos frente a todas estas normas que fueron debatidas por el congreso antes de que concluya la actual legislatura, es una de las preocupaciones de analistas políticos de todos los matices, porque lo que está en juego es la democracia y el equilibrio de poder.

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Otra norma que ha causado preocupación, es la aprobación en primera instancia de la llamada ley de la impunidad, que permitirá prescribir los crímenes de lesa humanidad, así como los delitos de secuestro, extorsión, sicariato. Aseguran que el proyecto aprobado en primera votación por el Legislativo pone en riesgo la seguridad del país y lucha contra el crimen organizado.

Con respecto a lo último, la norma aprobada en primera instancia sobre el delito de crimen organizado, presentado por el impresentable Waldemar Cerrón, coloca una serie de requisitos, para definir si un grupo de personas que actúan coordinadamente, de manera que los Dinámicos del Centro, que obtenían fondos a través de la entrega de licencias de conducir, no sería una organización criminal organizada.

¿Qué le falta para que sea considerado una organización criminal? No tenga una estructura jerarquizada y reuniones de coordinación también registrados. Lo único que no pide el mamarracho de la ley, que se aprobó en primera instancia, que tenga una inscripción en la SUNARP.

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El congreso, que se muestra insaciable, también aprobó una norma, que permitirá que se archiven más de 600 casos – de acuerdo a las declaraciones del Fiscal de la Nación-, que beneficiará a los responsables directos y mediatos, que cometieron delitos de lesa humanidad. De tal manera que los crímenes cometidos contra comunidades campesinas, como Putis, Cayara y Pativilca, deberían archivarse.

En medio del silencio, de las organizaciones de la sociedad civil, la ex presidente del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, alza la voz para recordarnos que tenemos el derecho y el deber de la insurgencia, ante un gobierno y congreso descalificados, no sólo por las encuestas, sino por sus propios actos.

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