“Estamos ante graves violaciones de derechos humanos que no se puede presentar a estas alturas, desde que se autorizó la intervención de las fuerzas del orden existe una responsabilidad del ejecutivo; las Fuerzas Armadas no están preparadas para el restablecimiento del orden interno, ellos utilizan armamento de guerra y fusiles automáticos, están entrenados para eliminar objetivos militares, no para dispersar multitudes”, señaló.

Además, explicó que, de acuerdo al derecho internacional de los Derechos Humanos, el único caso en que las fuerzas del orden pueden disparar a matar es para salvar la vida, lo cual no ocurrió. Al contrario, existen videos, en donde se observa a los militares a dispersar a los manifestantes utilizando su armamento.

“No se puede disparar a matar para desbloquear una carretera, para dispersar una multitud, ni siquiera para defender la infraestructura de las entidades públicas. La vida humana en un estado de derecho está por encima de cualquier otro bien jurídico”, refirió.

Agregó que, tras el ingreso de los manifestantes al aeropuerto, lo que debió hacer el gobierno es asignar a un contingente policial para resguardar sus instalaciones, haciendo que el personal haga uso de armas no letales.

“Los gases lacrimógenos o perdigones de goma permiten dispersar a los manifestantes. Las muertes no se han producido en el aeropuerto, tenemos imágenes de efectivos haciendo disparos desde el techo de las casas. El uso de la fuerza tiene que estar dirigido a la persona que está generando actos de violencia, no se puede disparar de manera indiscriminada”, manifestó.

En otro momento, señaló que el uso de la fuerza se está utilizando de manera indiscriminada contra personas que no son un peligro para nadie. En relación a ello, se sabe que dentro de los 10 jóvenes fallecidos existen varios casos de que no participaban de esta movilización, sino que solo circulaban por estas calles en donde se dio el enfrentamiento.

“No se puede asesinar a personas para desbloquear carreteras, nuestra posición es que el estado no solo tiene el derecho sino la obligación de preservar el orden público de proteger instalaciones fundamentales. Los policías tienen todo el derecho de proteger su vida, pero lo que no podemos permitir es que se esté asesinando a personas por el simple hecho de manifestarse”, finalizó.