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domingo, julio 14, 2024
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¿Nos volveremos un país paria? | EDITORIAL

El acuerdo del Consejo de Ministros, que ha recibido el apoyo del congreso, para que el Perú presente una carta firmada por los tres poderes del estado, mostrando su indignación -y desprecio- frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha cuestionado la aprobación de una ley -ya se aprobó en segunda votación- para que queden impunes todos los crímenes de violación de los derechos humanos, cometidos en el país antes del 2002, es un paso firme del actual gobierno de Dina Boluarte, para que nos convirtamos en una país sin Dios y sin ley.

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Lo único que falta, es que el canciller instruya a los embajadores del Perú en las Naciones Unidas, en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hagan lo mismo que el embajador de Israel: que rompan en público, en plena Asamblea de las Naciones Unidas, de la OEA y de la CIDH, y arrojen al suelo la declaración Universal de los Derechos Humanos, que el Perú firmó en 1948, y abandonen estos organismos internacionales.

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Que lo hagan de una vez. Que el gobierno declare que el Perú renuncia a formar parte de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de todas las instituciones internacionales. Rompamos relaciones con aquellos países que pertenecen a esos organismos o que respetan los Derechos Humanos. De esa manera, nuestros gobernantes, encabezados por la presidente de la nación y el presidente del congreso, podrán hacer lo que se les venga en gana.

Que se de un decreto supremo modificando la denominación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, eliminando la parte que señala y “de los derechos Humanos”, y para ser consecuente con lo que señala el Canciller, que se elimine el Viceministerio de Derechos Humanos y acceso a la Justicia.

Que se declare, para que conozcan en todos los países, especialmente esas cortes penales internacionales y de derechos humanos, que, en el Perú, las torturas, las detenciones arbitrarias y las desapariciones y desapariciones de personas no son delitos y que está permitido que los agentes del estado realicen ejecuciones extrajudiciales.

Que se haga conocer que los peruanos no tienen derecho a la vida ni a su seguridad, porque el Estado y en este caso el gobierno, está por encima de las personas y que las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, forman parte de nuestra tradición democrática.

Hablemos en serio. La ley de la impunidad que acaban de aprobar y las declaraciones del Canciller, en el fondo buscan un país como el que estamos describiendo.

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