La Contraloría General de la República identificó que el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural (Prider) pagó 997 mil soles para la elaboración del expediente técnico del proyecto de instalación del Sistema de Riego Azafrancucho, Huanta, el cual fue entregado incompleto y técnicamente deficiente.
En el informe de control específico N° 032-2023-2-5997 se detalla que los funcionarios del Prider otorgaron la buena pro a un postor que no cumplió con acreditar la experiencia exigida en las bases integradas. Pese a ello, se procedió con la suscripción del contrato para la elaboración del expediente técnico del proyecto Azafrancucho.
Prider otorgó buena pro a postores que no cumplían requisitos
Asimismo, la Comisión de Revisión y Aprobación de expedientes técnicos del Prider, aprobó el expediente sin advertir que este se encontraba incompleto y con deficiencias e inconsistencias técnicas.
La Contraloría también determinó que los estudios que forman parte del referido expediente técnico incumplían los términos de referencia, el contrato y son técnicamente deficientes. Además, estos no se encuentran suscritos por los especialistas ofertados por el consultor; pese a ello, este expediente fue aprobado el 12 de marzo de 2015, en la gestión del actual gerente del Gobierno Regional de Ayacucho, Eduardo Huacoto, en el segundo gobierno de Wilfredo Oscorima.
Controversia por faltante de bolsas de cemento en obra que ejecuta el Prider
El producto tampoco contaba con el estudio de Mercado y Plan de Negocios. Las actas de libre disponibilidad del terreno para la ejecución del proyecto se encuentran incompletos cuando son necesarios para garantizar la sostenibilidad del proyecto, conforme exigen los términos de referencia.
Posteriormente, el 7 de junio de 2017 el director del Prider aprobó un nuevo expediente reformulado por el mismo consultor con un nuevo planteamiento hidráulico; sin embargo, este corresponde a una reducción de metas respecto al expediente técnico inicial, por lo que se mantienen las mismas deficiencias técnicas.
Pese a las dos aprobaciones del expediente principal y el reformulado, el 4 de junio del 2019 el proyecto fue desactivado permanentemente en el Banco de Inversiones por la Dirección General de Inversiones del Ministerio de Economía Finanzas.
Como resultado del informe de control posterior de halló la presunta responsabilidad penal de seis funcionarios del Prider, Eduardo Huacoto Díaz, Yuri Eliseo canales Rimachi, Rodrigo Bautista Ortega, Eusebio Yupanqui Suárez, Pedro Flores Martínez y Víctor Hugo Vega Alcázar.
Dicho informe fue comunicado a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para iniciar las acciones penales y a la misma entidad.
