Este cuestionamiento se debe a que la investigación aperturada en Lima contra Dina Boluarte no presenta avances como debe ser, por el contrario, indicaron que les da la impresión de un afán de retrasar las investigaciones ya que incluso no les permiten participar de como víctimas, con sus abogados, en las declaraciones de los denunciados.
Asimismo, señalaron que la decisión de la Fiscal de la Nación afecta sus derechos de acceso a la justicia, por cuanto derivar el caso a Lima les limitará en tiempo y costo a realizar el seguimiento de y vigilancia de sus casos, más sabiendo de la precaria situación económica en la que se encuentran.
Ante ello, invocaron a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General del Estado y a las instituciones independientes, a organizaciones y defensores de derechos humanos a denunciar este abuso de la Fiscal de la Nación.
Los familiares también señalaron que como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos merecen respeto y tienen el derecho a conocer la verdad de los crímenes ocurridos contras sus familiares, en su lugar de origen.
Finalmente, precisaron que estos abusos no los callarán y continuar su camino para encontrar justicia.
