Condenan actos de violencia en el sur de Ayacucho

Condenan actos de violencia en el sur de Ayacucho

> Conflicto minero en el sur de Ayacucho.

Luis Frank Tacuri 
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Gustavo Pacheco Villar Barra, jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, condenó los actos de violencia registrados en los últimos días en el sur de Ayacucho, donde se viene dando un conflicto entre la empresa minera Ares y pobladores de varias comunidades de las provincias de Páucar del Sara Sara y Parinacochas.

“Recurrir al uso del daño a la propiedad pública o privada, a la agresión, a trabajadores de la empresa o efectivos de la Policía, deslegitima la protesta, ya dejamos de verla como el ejercicio de un derecho para verla como un disturbio que colinda con el delito”, refirió.

Como se recuerda, el pasado 26 de octubre 11 personas ingresaron a terrenos de la mina Inmaculada y, según la empresa, generaron destrozos, por lo que fueron detenidos bajo el cargo de resistencia a la autoridad. Se trata de personas de la comunidad de Huancute (distrito de San Francisco de Ravacayco- Parinacochas).

Respecto a ello, el defensor mencionó que se reunieron con los representantes de Huancute, para entablar una mesa de diálogo y evitar más incidentes lamentables.

“Esta comunidad auto reconocida como indígena están exigiendo que el Estado no amplie la cesión en uso de terrenos que ellos reclaman como suyos, aunque la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) los ha reconocido como del Estado desde hace más de una década”, dijo.

En cuanto a Casma Palla Palla (Páucar del Sara Sara), informó que un grupo de personas integrantes de la asociación vienen realizando hechos de violencia y estos se aprecia en fotos y videos. No obstante, se sabe que los comuneros rechazaron estas acusaciones.

“No se puede llegar a acuerdos, no se puede llegar a soluciones si nos mantenemos cerrados, sordos ante el diálogo, si persistimos en medidas de lucha sin sentarnos a conversar”, finalizó.
La comunidad indígena de Huancute otorgó 15 días a minera Ares para retirarse de su territorio antes de que comiencen a protestar, el cual forma parte de un conflicto que se originó desde el año 2015, cuando los pobladores solicitaron el cese de la operación, aduciendo contaminación en las aguas de los ríos Huancute, Patarí, entre otros.
 
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