Este conflicto surge a raíz de que los comuneros de Chiquintirca del anexo Cajadela, iniciaron la construcción de viviendas rústicas en terrenos que pertenecían a la comunidad de Anchihuay. Cabe recalcar que estos terrenos cuentan con títulos de propiedad registrados en la Sunarp desde el año 1993.

Samuel Avalos Huamán, presidente de la Comunidad Campesina de Anchihuay mencionó que los invasores cometieron delitos al construir sus viviendas en propiedades que nos les pertenece. Además, añadió que destruyeron plantaciones silvestres y parcelas cafetaleras; esto, obviando que se registró la tala ilegal de algunas plantaciones en ese sector.

Avalos también señaló que los invasores ya fueron notificados para que desalojen el lugar; pese al aviso, decidieron permanecer en aquellos terrenos. Ante ello, el Ministerio Público intervino en el lugar de los hechos logrando pactar un documento en el que se acordó evitar este tipo de problemas entre las dos comunidades; evitando de esta manera generar actos violentos entre comuneros.