> Muertes por enfrentamiento registrado el pasado 15 de diciembre de 2022.
✍️ Juan Francisco Camborda
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Como se recuerda, tras la muerte de diez personas durante el enfrentamiento registrado el pasado 15 de diciembre en el aeropuerto de Ayacucho, un grupo de profesionales letrados decidieron denunciar a Dina Boluarte.Además, al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez y los exministros Pedro Ángulo, en su condición de extitular de la PCM; y César Cervantes, exministro del Interior.
Se informó que la investigación preliminar durará hasta 60 días y tiene como fin establecer si las muertes de civiles que participaron en las protestas constituyen o no un delito.
Igualmente, ver si es posible individualizar al o los autores de los hechos de violencia, si la acción penal no ha prescrito y de preservar pruebas.
Otro aspecto a tomar en consideración es que se deberá presentar una denuncia constitucional al Congreso, como requisito previo para avanzar a la investigación preparatoria; de esta manera, recién se irían definiendo con mayor exactitud los cargos y delitos que se atribuyan a Dina Boluarte.
Todo ello se da en con contexto en que agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) dieron con la captura de la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) Rocío Leandro, además, de la vicepresidenta de esta organización, Stefany Alanya Chumbes, el secretario lejandro Manay Pillaca y a otras cinco personas.
Respecto a las reparaciones de las familias afectadas, el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Gustavo Pacheco, mencionó que hace días se reunieron los miembros de la comisión multisectorial, de naturaleza temporal, a fin de realizar el seguimiento de las acciones a favor de los deudos y de los que sufrieron lesiones de gravedad.
Asimismo, mencionó que ya se cuenta con un plan de trabajo que la comisión ha elaborado para asegurar que las víctimas reciban apoyo del Estado de manera inmediata y, de este modo, se garantice la recuperación de la salud física y mental de los agraviados.
“Las funciones de la comisión no restringen ni limitan la obligación del Estado de investigar y sancionar toda vulneración a los derechos humanos, pues corresponde al Ministerio Público proseguir con sus investigaciones. Este apoyo no tiene naturaleza resarcitoria ni tampoco incide en la determinación de responsabilidades civiles o penales” finalizó.
