La Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH) otorgó y consintió la buena pro para la obra de creación de servicios básicos, pistas y veredas en el campus universitario de Luricocha, valorizada en más de 21 millones de soles, al Consorcio Constructor integrado por las empresas Ceacatru EIRL y Miat Contratistas Generales EIRL, pese a que su representante común registra sentencias y denuncias por delitos de corrupción y concusión.
El Comité de Selección defendió el proceso, alegando que el consorcio estaba “habilitado” en el sistema de contrataciones. La controversia se agrava porque el representante común del consorcio, César Augusto Cabrera Trujillo, gerente de Ceacatru EIRL, registra antecedentes judiciales.
Entre ellos figuran una sentencia por concusión y denuncias en curso por corrupción de funcionarios y colusión simple en Huánuco, con procesos que datan de 2022 a 2024.
A pesar de ello, el Comité de Selección de la UNAH otorgó la buena pro.
En entrevista con Diario Jornada, Rubén Darío, jefe de Sociedad de Inversiones de la Universidad Autónoma de Huanta, sostuvo que la responsabilidad sobre la habilitación de postores recae en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
“Lo único que nosotros vemos en el sistema es si está habilitado o no. Y en este caso, el señor estaba habilitado. Si estuviera inhabilitado, no habría pasado a la calificación”, declaró.
Además, señaló que las denuncias fueron presentadas fuera de plazo y que una de ellas provenía de un postor no participante, por lo que el proceso siguió su curso.
Sin embargo, tanto el Órgano de Control Institucional (OCI) de la universidad como la Comisión Organizadora, presidida por Hilda Maribel Huayhua Mamani, no intervinieron para revisar la consistencia del proceso, pese a los cuestionamientos.
Mientras la UNAH asegura que el proceso cumplió con lo establecido por la ley de contrataciones, la adjudicación a un consorcio con un representante cuestionado por corrupción abre un nuevo frente de dudas sobre la vigilancia, transparencia y control en el manejo de fondos públicos.
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