Ayacucho llega a una nueva conmemoración del 8 de marzo con un dato que redefine la discusión pública regional: casi el 55 % de mujeres ha sufrido violencia alguna vez en su vida, porcentaje que supera el promedio nacional y confirma que la región enfrenta uno de los escenarios más complejos en materia de violencia de género.
La cifra se conoce en un contexto en el que Ayacucho también aparece entre las tres regiones con mayor tolerancia social hacia la violencia sexual, según la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales 2024. El 78,9 % de hombres mayores de 18 años encuestados justificó una violación ante supuestos como que la víctima se embriague. Cuando se incluye a hombres y mujeres, el nivel de tolerancia alcanza aproximadamente el 85 %.
A ello se suman los indicadores penales y de salud pública. El último año, 19 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en la región. En el Perú, toda relación sexual con menores de esa edad es considerada violación. Además, se registraron más de 560 denuncias por violación sexual en Ayacucho, de las cuales más del 70 % corresponde a niñas y adolescentes. Solo en casos de abuso sexual contra menores se reportaron 292 denuncias y en el 2026 ya se registra un feminicidio. Las cifras oficiales advierten que existe subregistro, ya que no todos los hechos llegan a formalizarse.
A nivel nacional, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reporta que cada día tres niñas menores de 14 años son víctimas de abuso sexual. Si se considera a menores de 17 años, la cifra asciende a 22 adolescentes afectadas diariamente.
En paralelo, el país aprobó la ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones forzadas, mientras que el Gobierno Regional de Ayacucho promulgó una ordenanza para reforzar su aplicación en el ámbito regional. El principal desafío sigue siendo la implementación efectiva de estas normas y la asignación presupuestal necesaria para que tengan impacto real.
La publicación de estos datos en la antesala del Día Internacional de la Mujer coloca nuevamente en debate la eficacia de las políticas públicas de prevención, la educación sexual integral y la necesidad de una respuesta multisectorial frente a un problema que continúa afectando de manera directa a niñas, adolescentes y mujeres en la región.
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