No existe una normativa específica para este sector a nivel nacional, sin embargo, los gobiernos locales se han encargado de emitir dispositivos para tratar este tema latente.
Con la pandemia del Covid-19, el comercio informal ha crecido, ante la desesperación de las familias para cubrir los gastos de la canasta familiar, se pueden observan en las calles a personas que antes de la pandemia tenían trabajos formales, y de los cuales han sido liquidados.
Ahora, es cierto que la Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH), ha emitido una ordenanza municipal sobre el comercio ambulatorio, donde se estipula la prohibición de este en el centro cívico de la ciudad de Ayacucho, pero sus lineamientos, estarían chocando con los intereses de los comerciantes, quienes se sienten “discriminados” al no dejarlos vender sus productos.
Ante este problema, la subgerenta de Comercio, Licencias y Control Sanitario Saraí Pillaca Tineo, trasladó a más de 70 comerciantes a la Calle Corcovado, donde se les ubico en puestos temporales.
Esta medida, se habría dado desde el mes de junio, en donde se pretendía llegar a un acuerdo con la ex empresa de transportes Ormeño, para utilizar sus instalaciones como reubicación de estos vendedores; sin embargo, hasta el momento no se habría concretado nada.
Esta mañana, se realizó nuevamente un plantón al frente del municipio provincial, exigiendo que se resuelva los pedidos de estos negociantes.
“Nosotros paramos la olla de nuestro hogar, y en la Calle Corcovado no hay venta…hay días en los cuales no vendemos nada, es por ello que pedimos a las autoridades que nos reubiquen en un lugar en donde haya movimiento para poder sacar algo, y llevar a nuestras familias”, manifestó Julia Ramos, comerciante ambulante de la Calle Corcovado.
Este problema cotidiano, ha dividido a la población, que entiende que estos comerciantes viven de su venta diaria, no obstante, también considera que el comercio ambulatorio genera desorden, contaminación y congestión vehicular.
El economista, Pablo Chuquicaña Alarcón lamento que las autoridades no se pronuncien hasta ahora sobre el tema y que exista un pobre manejo de este.
“Podemos ver a las mamitas, a los ancianos que son atacados por los agentes municipales, ya que trabajan en la informalidad. Yo creo que debería bajarse los requisitos (si los hay) para empadronar a estas personas y así consigan integrarse a la formalidad”, expresó Chuquicaña Alarcón.
