Al respecto, el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Carlos Condori, señaló que ninguna entidad otorga autorizaciones para este tipo de trabajos, y que en muchos casos los propietarios de estas viviendas cuentan con un asesoramiento jurídico, para evitar ser sancionados.
Otro de los aspectos a tomar en consideración es que las sanciones, lamentablemente, no se harían efectivas a los infractores; a ello se suma la falta de desconocimiento sobre este tipo de procesos por parte del Ministerio Público.
Actualmente, se cuentan con al menos 20 denuncias por el delito de atentando contra monumentos arqueológicos; y 13 por destrucción, alteración y extracción de bienes culturales.
En su gran mayoría ya vencieron los plazos de investigación con el riesgo de quedar archivados, pese a las pruebas existentes.
De otro lado, lo que se pone en cuestionamiento es que el municipio de Huamanga no disponga de sanciones, lo mismo ocurriría con la DDC, una situación que impide establecer limitaciones especiales por la necesidad de conservación de zonas monumentales y de edificios declarados monumentos históricos.
Finalmente, Carlos Condori refirió que también falta promover campañas de sensibilización para evitar este tipo de daños al patrimonio, las mismas que se registran en diferentes puntos del centro histórico.
