Lo acontecido el pasado 11 de julio en Cuba constituye una muestra más del accionar depredador e injerencista de los gobernantes estadounidenses hacia el resto del mundo y muy especialmente hacia sus vecinos latinoamericanos. Curiosamente todas las marchas derivaron rápidamente en la violencia más desenfrenada con saldo de saqueos de establecimientos comerciales, daños de vehículos policiales y particulares, cierre de vías, lanzamientos de piedras y agresiones físicas contra policías y simples pobladores que hicieron visible su rechazo a tales actos.
La lista de agresiones contra Cuba abarca, desde acciones militares, hasta económicas, biológicas, diplomáticas, psicológicas, mediáticas, de espionaje, así como la ejecución de sabotajes e intentos de asesinato de líderes. A las carencias de la vida diaria de la población acarrea el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la Isla desde hace seis décadas, se unieron las 243 medidas impuestas por Donald Trump con tal de asfixiar al país. Haciendo de oídos sordos incluso a la ONU donde el pasado octubre se aprobó por 184 votos la resolución que pide el fin del cerco contra Cuba, un hecho que se suma a las 28 adoptadas anualmente desde 1992.
Lo cierto es que Washington se toma la libertad de instrumentar una política de chantaje global a través de la cual pretenden decidir qué naciones clasifican como buenas o malas acorde a los intereses y apetencias norteamericanos, qué modelo político social deben asumir y hasta qué forma de gobierno deben tener. El poderoso país del norte practica asimismo una amplia política de aplicación de sanciones de todo tipo, que ha devenido piedra angular de su política internacional en todo el orbe. Estas pueden ser decretadas por Washington contra naciones, instituciones y hasta personas naturales de cualquier país.
Su moneda y su aplastante poderío militar y comercial, le facilitan relaciones mediante las cuales, las principales instituciones bancarias internacionales y organizaciones financieras, las grandes corporaciones, fábricas y empresas que manejan las producciones de todo tipo en las naciones latinoamericanas, europeas, asiáticas y africanas, tienen lazos de diferente forma y grado de dependencia hacia sus similares norteamericanos y por tanto, no escapan de su influencia.
En virtud del poder de influencia, Estados Unidos instrumenta un deshonesto quehacer y es así que en los momentos actuales, esa nación mantiene bajo sanciones de diferentes tipos a 20 naciones de todos los continentes del mundo. Venezuela y Cuba en América Latina; Birmania en el sudeste asiático, Corea del Norte en Asia; Iraq, Irán, Libia, Líbano y Siria en el Medio Oriente; Yugoeslavia, Bielorrusia, Ucrania y Rusia en Europa; Zimbabwe, Sudán, Somalia, Costa de Marfil, Yemen, Sudán del Sur y República Democrática del Congo en África, son blancos actuales de las sanciones estadounidenses.
Según cálculos conservadores, ello significa que la población de todos esos estados en su conjunto, ascendente a unos 23 mil 741 millones 671 personas, sufren las consecuencias de criminales medidas unilaterales dictadas desde Washington. Las penalidades presentan un amplísimo abanico de pasos punitivos como el bloqueo económico, comercial y financiero, su política más extendida.
La Casa Blanca implementa asimismo, la prohibición de las importaciones procedentes de países sancionados y el congelamiento de los activos gubernamentales en EE.UU. Las sanciones contra el sector financiero, energético y de defensa de varios estados es otra de sus políticas restrictivas unilaterales, como también lo es un grupo de medidas contra personas en específico de diferentes naciones.
Hoy, a la hora de aplicar sanciones, el gobierno norteamericano ha manejado un buen arsenal de espurias excusas. Entre las más recientes se encuentran la supuesta violación de los derechos humanos y el terrorismo. Esperamos finalmente, que también EE.UU. se aplique así mismo alguna sanción para ser coherente con su discurso.
