No obstante, según el alcalde del distrito de San Francisco de Rabacayco – Parinacochas, Luis Fernando Rivera, solo un mínimo porcentaje de pobladores tienen la oportunidad laboral en la minería; y que ello se refleja en la baja calidad de vida.
“Conforme al censo realizado por el INEI, en Rabacayco tenemos una población de 600 familias, pero solamente tenemos 31 personas que tiene oportunidad laboral, es decir, un mínimo porcentaje que no se evidencia a lo que dice la Confiep”, refirió la autoridad edil.
Por su parte, el gerente general de la Cámara de Comercio de Ayacucho, Iber Quispe, indicó que las minas del sur dan empleo a la población ya sea de forma directa e indirecta.
“No solo es el tema medio ambiental sino las regalías mineras y la población que viene trabajando en el sur”, explicó Iber.
En cuanto a los acuerdos, señaló que esta se realizó solo consultando a una de las partes y que el Gobierno Regional se prestó para ello, sin renegociar en el marco del diálogo y el respeto.
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) el anuncio de un posible cierre de estas cuatro minas afectaría a 54 mil empleos, lo que representa un total de 6 mil puestos de trabajo directos y 48 mil indirectos.
En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) Óscar Caipo, criticó los mensajes “erráticos y contradictorios” de la PCM, pues consideró que continúan generando inestabilidad y vulnerando al Estado de Derecho.
Refirió que la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, vendría atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado que tienen el mandato legal y competencia técnica para tomarlas.
De otro lado, Iber Quispe mencionó que existe un descontento por parte de la población debido a los altos índices de pobreza, pese a existir inversionistas.
En esa línea, responsabilizó a los municipios distritales y provinciales de no ejecutar los presupuestos, de acuerdo a sus necesidades. Agregó que el gobierno debería tomar acciones de control y fiscalización.
Vale precisar que todos los gremios, instituciones y mineras pidieron a Mirtha Vásquez rectifique formalmente los acuerdos del acta suscrita en Cora Cora, puesto que contradicen los mensajes brindados por el presidente Castillo en foros nacionales e internacionales para promover la inversión.
