Lo que esta sucediendo en el centro educativo de Mollepata no es un caso único. En la televisión nacional se ha difundido las imágenes de como un centro de educación inicial, fue desalojado, las carpetas y mobiliario arrojado a la calle, el material educativo desperdigado como basura. Los que desalojaban eran trabajadores de otra institución del estado: un centro de salud.
Que hay personas que se han hecho propietarias demostrando ser poseedoras o herederas de terrenos no registrados, pero que fueron entregados por bienes del estado, son muchos. Uno de los casos emblemáticos, fue la la invasión al estadio del Club Alianza Lima por una iglesia evangélica, que presentaba como prueba una venta fraguada de un supuesto propietario de los terrenos donde está el estadio del Alianza Lima.
En las zonas urbano marginales, que han surgido a través de invasiones o cooperativas de vivienda. Estas asociaciones o cooperativas están obligadas a dejar lotes para que se construyan servicios públicos: mercados, colegios, puestos de salud, parques, áreas de recreación. Sucede que muchas veces esos terrenos los dirigentes los han vendido.
Volviendo al caso del centro educativo San Juan de la Frontera, no es de ninguna manera aceptable que se trunque el proceso educativo de los estudiantes por una decisión que se da en pleno año académico y que las instancias educativas, como la UGEL y la DREA no hagan nada para defender a los niños que están en peligro de perder el año escolar.
Además que se haga una revisión de la historia de ese lote. No vaya ser que hayan sorprendido a las autoridades judiciales, porque si el centro educativo se construyó en ese lugar, se supone que era un área destinada para un servicio público. Esto es lo que debería investigarse, y no el titulo de propiedad, que posiblemente les dio Cofopri.
