Esta es una vieja costumbre del clientelaje político que se practicó en el Perú, y que llevaron a la quiebre y luego el remate de las empresas del estado, donde los salarios eran superiores en comparación con la administración pública.
La captación de militantes, bajo la oferta de trabajo en el estado, fue uno de los postulados de Fernando Belaunde Terry, quien ofreció la creación de un millón de puestos de trabajo, y esos puestos estaban en la administración pública.
Alan García Pérez fue el presidente que continuó con esta política de pagar compuestos de trabajo en los proyectos, programas descentralizados, empresas del Estado y por supuesto en la administración pública. Tan es así, que al término del gobierno del Apra en 1990, en el Perú la carga burocrática era desproporcionada. Había más trabajadores que escritorios y sillas.
Por supuesto que Belaunde y García, antes de dejar el gobierno, no solo ampliaron el contrato por un año, sino que los nombraron en las plazas. Al llegar al poder Fujimori, aplica el shock que había propuesto por Mario Vargas Llosa, y la privatización de las empresas deficitarias, es decir el total de las empresas del Estado.
Para cumplir con esto, tuvo que comprarles el cese a los trabajadores con una suma de dinero que les garantizaba iniciarse como trabajadores independientes: poner una bodega, comprar un carro para hacer taxi o una combi para la informalidad del transporte público.
El mal ejemplo viene desde las cúpulas del poder en el Perú. Ha Pedro Castillo también le han criticado por ubicar a personas del entorno magisterial y de Perú Libre en cargos de la administración del Estado, olvidando que los gobiernos anteriores han hecho lo mismo.
Este manejo de personal perjudica la administración pública, porque los seguidores del partido en el gobierno buscan como recompensa, por su apoyo en la campaña, un puesto. Y en el caso de Ayacucho, buscan asegurar por lo menos un año más a los trabajadores que ingresaron en la gestión de Carlos Rua.
Con esta práctica, la meritocracia y la carrera dentro del sector estatal se quiebra. No se descarta que algunos de los trabajadores ya conocen el área que están ocupando, y por tanto cambiar a ese personal perjudica la gobernabilidad. Lo más recomendable es que ese paso lo diese el nuevo gobernador, luego de evaluar el rendimiento en la plaza que estuvieron ocupando.
