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Atención en el Banco de la Nación se agrava con crisis institucional

Las largas colas que se forman en el jirón 28 de julio para la atención en el Banco de la Nación siempre fue un problema de los usuarios que tienen que aguardar varias horas a fin de realizar sus trámites, lo preocupante es que esta situación se agravaría con el paro de 24 horas que acató el sindicato de trabajadores.

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Según sus dirigentes, desde el 2016 no se evidencia un crecimiento en ninguna de las áreas de la entidad bancaria, por lo que están exigiendo que se aumenten sus pagos con el objetivo de brindarles una mejor calidad de vida a sus colaboradores.

“Hace más de 7 años los trabajadores del Banco de la Nación estamos postergados de incrementos salariales debido a una política antilaboral que se viene aplicando por cada administración que la dirige y que repercutió con mayor fuerza en los últimos año”, dijo un manifestante.

Asimismo, se advirtió que el personal que atiende en el banco trabaja con impresoras malogradas, lo que afecta la normal atención al usuario, sumado a las caídas del sistema, a la inoperatividad de los biométricos y, sobre todo, el déficit de profesionales contratados.

 

Otro de sus pedidos está relacionado a la derogatoria del Decreto de Urgencia 014-2020, la misma que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público, pero que no cumpliría con los criterios de excepcionalidad y necesidad establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

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Vale recordar que desde otras instancias, como la Defensoría del Pueblo o la Cámara de Comercio de Ayacucho, se había solicitado a la dirección a habilitar más ventanillas de atención debido a las largas colas que llegan hasta el jirón Lima.

Sin embargo, pese a ello nada de lo que se propuso documentadamente fue atendido por la administración.

La dirigencia evalúa en iniciar con un paro indefinido en caso sus demandas no sean atendidas por las autoridades competentes. La suspensión de actividades representaría un grave perjuicio económico para los empresarios, pensionistas y demás ciudadanos que hacen sus trámites.

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